La evasión fiscal representa un desafío estructural en América Latina y el Caribe. No solo debilita los presupuestos públicos y distorsiona la competencia, sino que, como han señalado Carlos Scartascini y Pablo Castro, también mina la fortaleza general del sistema económico. En esta región, el problema alcanza niveles alarmantes, con tasas de evasión cercanas al 50% en varios países, lo que limita seriamente la capacidad estatal para ofrecer servicios esenciales.
Durante décadas, la teoría económica explicó el cumplimiento tributario bajo una lógica racional: el contribuyente calculará el beneficio esperado de evadir impuestos frente al riesgo de ser descubierto y sancionado. Este enfoque fue formalizado por Allingham y Sandmo en 1972, quienes conceptualizan el pago de impuestos como una especie de apuesta racional. Sin embargo, esta teoría clásica ha demostrado ser insuficiente. Como destacan James Alm y Benno Torgler, aunque el modelo predice tasas muy bajas de cumplimiento -como una estimación del 13% para Estados Unidos-, las cifras reales son significativamente más altas.
Este desfase llevó a un cambio de paradigma: desde hace unas décadas, el análisis económico del cumplimiento fiscal ha comenzado a incorporar perspectivas psicológicas y sociales. Martínez-Vázquez y Torgler han sido fundamentales en esta transición, mostrando cómo la economía del comportamiento ofrece una explicación más rica y realista del fenómeno tributario. En lugar de asumir que los contribuyentes siempre actúan racionalmente, este enfoque reconoce que las personas tienen capacidades limitadas para procesar información, que utilizan atajos mentales y que son profundamente influenciadas por las normas sociales.
Uno de los aportes clave de esta visión conductual ha sido la exploración de los llamados “nudges” o empujones. En un experimento realizado en Argentina por el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se evidenció que incluir mensajes sobre sanciones por incumplimiento en las facturas de impuestos aumentó el cumplimiento en un 9%. Este hallazgo sugiere que medidas simples, como resaltar los costos de la evasión o simplificar la información, pueden tener impactos significativos.
El modelo conductual también amplía la comprensión de cómo las interacciones sociales afectan las decisiones fiscales. Según ha demostrado el Grupo de Economía del Comportamiento del BID, liderado por Scartascini y Daniel Ortega, apelar al sentido de deber cívico, a la reciprocidad y a las normas sociales puede ser una herramienta poderosa para fomentar la moral tributaria.
En Colombia, por ejemplo, un conjunto de experimentos reveló que los métodos de contacto personal -como llamadas telefónicas o visitas- generaban tasas mucho mayores de pago que los canales impersonales, como cartas o correos electrónicos. Las visitas personales, en particular, lograron que casi nueve de cada diez contribuyentes cambiaran su comportamiento y cumplieran con sus obligaciones.
Este tipo de intervenciones han sido adoptadas por gobiernos como los de Estados Unidos y el Reino Unido, donde se ha incorporado sistemáticamente el uso de nudges en las políticas de recaudación. Estas estrategias alteran el contexto de decisión de forma sutil, sin eliminar opciones ni modificar incentivos económicos tradicionales, y buscan influir en el comportamiento de manera predecible y ética, como lo señala el propio BID.
Los estudios más exitosos en este campo se han centrado en intervenciones de bajo costo. En otro experimento en Argentina, el BID implementó una medida innovadora: premiar al azar a contribuyentes cumplidores con una acera construida frente a su casa. Esta intervención no solo aumentó el cumplimiento en 7 puntos porcentuales (pp) entre los premiados, sino que generó un efecto contagio entre sus vecinos, quienes también mostraron un cambio positivo en su comportamiento tributario.
Según Scartascini y Castro, los vecinos de los ganadores fueron 7.5 puntos más propensos a pagar puntualmente en los años siguientes. Esto evidencia el poder de las normas sociales, que, como han estudiado Erkut, Ramírez-Alujas y otros autores, se activan cuando las personas comparan su comportamiento con el del grupo al que pertenecen.
No obstante, los resultados no siempre son consistentes. En un experimento realizado en Junín, Argentina, Castro y Scartascini evaluaron el impacto de diferentes mensajes incluidos en las boletas de pago de una tasa municipal. Aunque el mensaje disuasorio sobre multas logró aumentar la tasa de cumplimiento en 5 pp, los que apelaban a la reciprocidad fiscal o al comportamiento de otros contribuyentes no generaron efectos significativos. Este contraste evidencia que el contexto y el diseño específico de la intervención son determinantes en su efectividad.
En el caso de República Dominicana, los aportes de la economía del comportamiento también han resultado reveladores. En 2018, un experimento de campo implementado con el respaldo de la administración pública dividió a las empresas participantes en distintos grupos de tratamiento. Aquellas que recibieron cartas con recordatorios sobre penas de prisión aumentaron el monto pagado en un 44%, mientras que las que fueron advertidas sobre la posible divulgación pública de sus deudas incrementaron sus pagos en un 18%.
Esta estrategia generó ingresos adicionales por US$184 millones, en un país donde, para ese momento, la presión tributaria apenas alcanzaba el 13% del PIB, muy por debajo del promedio de los países desarrollados, que ronda el 33.5%.
Una de las principales ventajas de los experimentos de campo es su alta validez externa. Al realizarse en contextos reales, permiten observar cambios concretos en el comportamiento tributario y establecer relaciones causales entre las intervenciones y sus efectos. Sin embargo, como advierten Martínez-Vázquez y Torgler, estos estudios también enfrentan desafíos metodológicos y éticos, como el menor control sobre variables institucionales o las restricciones en el uso de datos sensibles.
La combinación de experimentos de laboratorio y de campo ha sido clave para profundizar en los determinantes del cumplimiento fiscal. Ya no se trata únicamente de aumentar la fiscalización o endurecer las sanciones; muchas veces, enviar un mensaje personalizado puede ser más eficaz. Esto implica una transformación en la forma de diseñar políticas públicas: se busca complementar las herramientas tradicionales con intervenciones que consideren cómo las personas realmente piensan y deciden.
Finalmente, como reflexiona Ramírez-Alujas, los gobiernos han venido utilizando nudges desde hace décadas, aunque muchas veces de forma intuitiva, sin una estructura definida. La oportunidad actual radica en sistematizar estas prácticas y construir una política fiscal más efectiva, empática y ajustada al comportamiento humano.
