[dropcap]L[/dropcap]os legisladores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidieron aprobar sin modificaciones el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente al próximo año 2017 por un monto de RD$711,399.4 millones.
Esa decisión ha sido criticada por diversas razones, entre las que destaca el alto nivel de endeudamiento programado, la sobrevaluación en la estimación de ingresos y las bajas asignaciones para provincias que necesitan más recursos, especialmente aquellas que han sido afectadas por las lluvias e inundaciones recientes.
En este último aspecto se ha planteado que el Presupuesto debió ser modificado para redistribuir las asignaciones y dar prioridad a las necesidades que han de surgir en las zonas más afectadas, como Puerto Plata, Espaillat, Montecristi, Santiago y otras no menos importantes.
Pero la decisión de aprobar el Presupuesto sin modificaciones no fue del todo errada. Solo hay que imaginarse los dolores de cabeza que le habría causado al presidente Danilo Medina y a su equipo del Ministerio de Hacienda comenzar a cambiar las asignaciones y partidas de por sí mal definidas en la pieza legislativa recién aprobada.
Además, cualquier cambio que se hubiera propuesto habría de generar una cantidad de opiniones desde el Congreso y desde las comunidades afectadas sobre insuficiencia en las nuevas asignaciones. A eso se agrega el hecho de que para reasignar fondos a determinadas demarcaciones habría que solicitar más préstamos, lo cual también hubiera encontrado diversas críticas, pues de por sí, ese presupuesto está excedido en deudas.
Otro factor a tomar en cuenta es que los efectos de las lluvias y las inundaciones todavía están en curso, por lo que aún no se puede determinar cuál será el nivel real de pérdidas y la capacidad real del Estado para resolver los problemas que han de generarse.
Puede que resulte menos tedioso para el Gobierno recibir el Presupuesto de 2017 sin modificaciones y posteriormente enviar al Congreso un presupuesto complementario en donde se establezcan las asignaciones necesarias con los compromisos que eso implique.
La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público 423-06 establece que en casos de emergencia el Gobierno tiene el derecho de canalizar recursos para las necesidades imprevistas con un límite de endeudamiento hasta el 0.5% del producto interno bruto (PIB).
Esa previsión está incluida en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de 2017:
“Artículo 13.- Se faculta al Poder Ejecutivo para que pueda incrementar el monto que se establece en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, destinado a cubrir imprevistos hasta en un 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, siempre que la situación que origina el imprevisto sea calificada como situación de calamidad y/o emergencia pública mediante Decreto presidencial.
Párrafo I: El Poder Ejecutivo determinará la fuente de financiamiento de las apropiaciones presupuestarias adicionales y establecerá los procedimientos para la ejecución de los recursos y la respectiva rendición de cuentas.
Párrafo II: El Poder Ejecutivo informará al Congreso Nacional, de manera separada a las metas fiscales establecidas en el Presupuesto General del Estado, a fin de establecer las desviaciones producidas con respecto al déficit financiero original contemplado en el ejercicio fiscal 2017.
Párrafo III: El Poder Ejecutivo presentará en el Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas un capítulo específico con el informe detallado sobre el uso de las apropiaciones presupuestarias utilizadas en la situación de emergencia”.
Como puede apreciarse, en el Presupuesto de 2017, sin modificaciones, se contempla la autorización al Poder Ejecutivo para contraer deudas adicionales por hasta el 0.5% del PIB para situaciones de calamidad y/o emergencia nacional como las causadas por las recientes inundaciones.
Para que se tenga una idea de lo que esto implica, basta con decir que el PIB nominal a octubre de este año suma US$71,507.1 millones, por lo que el 0.5% equivale a US$357.5 millones, que a una tasa de cambio conservadora de RD$46.60 por uno llega a los RD$16,661.2 millones, monto por el que el Gobierno tiene derecho a endeudarse de forma adicional siempre que sea para invertirlo en las zonas afectadas por las inundaciones.
Eso indica que no era necesario modificar el Presupuesto del próximo año para esos fines.
