Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en República Dominicana constituyen un pilar esencial para la generación de empleo y la contribución al producto interno bruto (PIB), con un total de 404,034 negocios que fortalecen el tejido empresarial nacional. Sin embargo, a pesar de su importancia, estas empresas enfrentan dificultades para acceder al crédito, lo que evidencia la necesidad del respaldo del sistema bancario formal.
De acuerdo con el informe “Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas” de la Superintendencia de Bancos (SB), la cartera de créditos dirigida a las mipymes ha mostrado un crecimiento constante en los últimos cinco años. A marzo de 2025, el saldo adeudado por este sector ascendía a RD$534,988 millones, distribuido en 557,287 créditos, reflejando un crecimiento interanual del 8.5%.
No obstante, las mipymes enfrentan tasas de interés significativamente más elevadas que el resto de la cartera comercial, alcanzando el 14.3% a marzo de este año.
En este contexto, Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y coordinadora del Comité Sectorial Financiero, destacó la importancia de “bancarizar” a las mipymes que aún operan fuera del sistema financiero, especialmente el 84.5% que se encuentra en la informalidad y enfrenta barreras para acceder a créditos en condiciones favorables.
Durante su intervención en la sesión de seguimiento a la iniciativa Meta RD 2036, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, Ruiz presentó seis medidas prioritarias del sector financiero, entre las cuales figura la bancarización de las mipymes como motor principal del empleo y la economía dominicana.
“Esta iniciativa contempla la habilitación de una cuenta bancaria especial para mipymes y otra cuenta que proponemos mediante una circular de la Superintendencia de Bancos, para vincular a los beneficiarios de subsidios sociales como puerta de entrada a la bancarización, a través de su incorporación en esa cuenta básica”, explicó Ruiz.
Otras iniciativas clave
Entre las propuestas también destaca la promoción de la banca y economía digital con seguridad legal y tecnológica, dirigida no solo a los dominicanos residentes, sino también a la diáspora. “Para ello, todos los sectores, bancos, desarrolladores y jurisdicciones, están listos”, enfatizó la ejecutiva.
Ruiz detalló que se busca coordinar con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el pago de impuestos, de manera que la hipoteca digital beneficie tanto a la diáspora como a los residentes dominicanos, reconociendo el efecto multiplicador del sector construcción en la generación de riqueza y empleo. En ese sentido, se plantea un piloto de préstamos digitales con respaldo legal y tecnológico.
Otra iniciativa apunta a mitigar riesgos en sectores clave como mipymes, vivienda social, cambio climático y capital humano mediante un fondo de garantía con visión público-privada que cubra el 50% del riesgo, mientras “la banca asumiría el otro 50%, conforme a la normativa vigente”, subrayó Ruiz.
El sector financiero también propone desarrollar un sistema de “score” basado en datos alternativos para personas no bancarizadas, considerando pagos de telefonía celular, servicios básicos, domicilio y perfil comercial.
“De esta manera, y permitiendo que los bancos consuman esta información igual que consultan el buró de crédito, podríamos beneficiar a más de 400,000 dominicanos en el acceso a financiamiento para vivienda, y a más de 200,000 mujeres cabeza de hogar”, afirmó.
Ruiz recordó que el comité está conformado por representantes de banca, valores, pensiones y seguros.
Política nacional
Durante su intervención en la sesión de seguimiento a la iniciativa Meta RD 2036, Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y en calidad de coordinadora del Comité Sectorial Financiero, destacó la importancia de estructurar financieramente proyectos estratégicos mediante el círculo virtuoso entre banca, valores, pensiones y seguros, movilizando recursos de inversionistas de largo plazo como fondos de pensiones y compañías de seguros.
La sexta iniciativa propone la creación de una política nacional de seguros obligatorios e inclusivos, especialmente dirigida a mipymes, al sector informal, y a riesgos catastróficos, con el objetivo de potenciar el crédito y fomentar un crecimiento económico inclusivo, sostenible y resiliente.
