Desde 2013, República Dominicana ha destinado el 4% del PIB a la educación, una conquista histórica que prometía transformar el sistema educativo nacional. Sin embargo, más de una década después, los resultados distan mucho de las expectativas. A pesar de la masiva inversión en infraestructura, equipamiento y programas sociales, el país ha retrocedido (o estancado) en las pruebas PISA, evidenciando una desconexión entre el gasto y la calidad educativa.
Hoy, miles de estudiantes reciben clases en escuelas renovadas, con laboratorios, transporte escolar, alimentación diaria, útiles, uniformes y hasta un bono de mil pesos por hijo. Este enfoque asistencialista ha mejorado las condiciones materiales, pero no ha logrado impactar el aprendizaje. El problema no radica únicamente en cuánto se invierte, sino en cómo se invierte. La gestión de los recursos, la formación docente y la cultura institucional son factores críticos que han sido subestimados.
Uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio dentro del sistema. El rol del gremio docente, representado por la Asociación Dominicana de Periodistas (ADP), ha sido objeto de debate. Si bien es legítimo defender los derechos de los maestros, también es necesario reconocer que la mejora de la calidad educativa exige una transformación profunda en la formación, evaluación y desempeño del cuerpo docente.
La oposición a reformas orientadas a elevar estándares ha limitado el avance hacia una educación más exigente y moderna. Los profesores, en la mayoría de los casos, no han entendido que ellos son parte de la solución. Y lo son sin admiten que debemos asumir con responsabilidad una transformación estructural del sistema.
La responsabilidad, sin embargo, no recae en un solo actor. El Estado ha adoptado un enfoque paternalista que, en lugar de empoderar a las comunidades educativas, ha generado dependencia. La política educativa parece más interesada en ganar simpatías que en construir capacidades. Las familias, por su parte, también deben asumir un rol más activo en el proceso formativo de sus hijos. Es grave, muy grave, que los gobiernos, sin excepción, se empeñen en otorgar “motivación económica” para que las familias, que deberían hacerlo por convicción, envíen a sus hijos a la escuela porque recibirán un bono.
Es momento de hacer un mea culpa colectivo. El estancamiento educativo no se resuelve con más dinero, sino con una visión estratégica, liderazgo técnico y voluntad política. Y quiero repetirlo: voluntad política, lo cual implica asumir el riesgo que trae consigo pensar en el futuro y no en los votos.
La inversión debe orientarse hacia la calidad: formación docente rigurosa, evaluación transparente, currículo pertinente y gestión escolar eficiente. Solo así se podrá romper el círculo vicioso de gasto sin resultados y avanzar hacia una educación que prepare a los jóvenes para los desafíos del siglo XXI. ¿Se puede? Por supuesto. Los políticos, políticos al fin, deben pensar un poco fuera de sus ambiciones particulares. Se puede.
