El Gobierno dominicano ha presentado un presupuesto reformulado para 2025 que incrementa de manera significativa la inversión de capital con el objetivo de reanimar la economía nacional. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Hacienda y Economía, busca dinamizar el crecimiento en lo que resta del año a través de un mayor gasto en infraestructura y servicios básicos, procurando mantener el respeto a las reglas fiscales.
Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿será este aumento del gasto de capital el motor de un repunte económico sostenible o apenas un respiro momentáneo ante los desafíos estructurales que arrastra el país?
El proyecto contempla un aumento neto del gasto de RD$69,740 millones, equivalente a un 4.7% más respecto al presupuesto aprobado originalmente. La mayor parte de esa expansión se destinará a la inversión de capital, que crece un 20%, es decir, RD$35,548 millones, lo que representa el 0.4% del producto interno bruto (PIB). Por eso, el déficit fiscal pasará del 3% al 3.47% del PIB estimado para 2025.
Ahora bien, ¿cómo se financiará este incremento? El Gobierno recurrirá a excedentes de ejercicios anteriores: depósitos de préstamos aprobados y no ejecutados, mantenidos en el Banco Central y en el Banco de Reservas. Así se evita, al menos en el corto plazo, un mayor endeudamiento.
El ministro Magín Díaz lo explicó con claridad: “esto nos permite aumentar el gasto sin incrementar significativamente la deuda”. Bajo esa lógica, las autoridades consideran razonable elevar el déficit, confiadas en que esta inyección de capital actuará como catalizador de la economía en la segunda mitad del año.
Contexto de desaceleración
Este ajuste no surge en el vacío. Durante el primer semestre de 2025, la economía dominicana apenas creció un 2.4%, muy por debajo de lo proyectado. A la debilidad de la inversión privada se sumaron choques externos -energéticos, financieros y geopolíticos- que redujeron la demanda global.
En este escenario, el Gobierno apuesta por una política fiscal contracíclica: incrementar la inversión pública para compensar la fragilidad del entorno internacional y sostener el dinamismo interno. El presupuesto reformulado se convierte así en un instrumento clave para impulsar la actividad doméstica en un momento en que otros motores -consumo privado o las exportaciones- muestran señales de agotamiento.
Las autoridades insisten en que las finanzas públicas permanecen bajo control y rechazan la idea de una crisis fiscal. Según su visión, el aumento del gasto se enmarca en un contexto de estabilidad y puede ejecutarse sin comprometer la sostenibilidad macroeconómica.
El verdadero desafío
Los fondos adicionales se dirigirán a infraestructura vial y habitacional, transporte, agua potable y salud, además de programas vinculados a la seguridad ciudadana y al desarrollo local. Estas áreas suelen tener efecto multiplicador: generan empleo directo, arrastran a industrias proveedoras y fortalecen la productividad.
Ahora bien, el problema no radica en la selección de sectores, sino en la capacidad de ejecución. El país arrastra un historial de préstamos aprobados que nunca se materializaron o se implementaron con retrasos.
En consecuencia, el verdadero reto no está en asignar recursos, sino en transformarlos en obras concretas y servicios efectivos. Transparencia y eficiencia administrativa serán las llaves para que las cifras presupuestarias se traduzcan en beneficios tangibles para la población.
¿Impulso o alivio pasajero?
El estímulo equivale al 0.47% del PIB puede empujar el crecimiento hacia un rango de 3%-3.5% este año, pero difícilmente resolverá las causas estructurales de la desaceleración. Su impacto será, en el mejor de los casos, coyuntural y concentrado en el segundo semestre.
La interrogante es inevitable: ¿qué ocurrirá cuando los recursos extraordinarios se agoten? El país se verá forzado a elegir entre endeudarse más o aceptar déficits más elevados. Y aunque un 3.47% del PIB en déficit pueda parecer manejable en el corto plazo, si se convierte en hábito podría erosionar la confianza de los mercados y tensionar la estabilidad fiscal.
La reforma fiscal: una deuda pendiente
Frente a este panorama, vuelve a ponerse sobre la mesa la necesidad de una reforma fiscal integral, tantas veces postergada. La rigidez del gasto -como la obligación de destinar un 4% del PIB a educación- limita el margen de maniobra, mientras la presión tributaria ronda apenas el 16% del PIB, claramente insuficiente para financiar los niveles de inversión que demanda el desarrollo nacional.
Sin una reforma que amplíe la base impositiva, elimine exenciones injustificadas y fortalezca la progresividad, el Estado seguirá dependiendo de recursos coyunturales. Usar ahorros acumulados puede servir momentáneamente, pero no es una estrategia sostenible.
Financiar la inversión pública con ahorros extraordinarios puede funcionar una vez, pero no es un modelo a largo plazo. La experiencia demuestra que los estímulos aislados no sustituyen reformas estructurales. El riesgo es evidente: caer en un ciclo de improvisaciones presupuestarias, con parches temporales que alivian el presente, pero comprometen el futuro.
El país necesita con urgencia fortalecer su capacidad recaudatoria y mejorar la eficiencia del gasto. Solo así será posible garantizar un crecimiento sostenido sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Para que este presupuesto reformulado no se convierta en un simple espejismo, debe ir acompañado de acciones concretas:
1. Reforma fiscal integral: retomar el diálogo hacia un pacto que aumente la recaudación de forma equitativa, elimine exenciones regresivas y genere ingresos sostenibles.
2. Ejecución eficiente y transparente: asegurar que cada peso invertido se traduzca en proyectos tangibles y servicios de calidad.
3. Impulso al sector privado: fomentar condiciones que permitan a la inversión privada complementar la pública mediante alianzas estratégicas e incentivos focalizados.
Conclusión
El presupuesto reformulado 2025 constituye una inyección de oxígeno capaz de mitigar la desaceleración y ofrecer un respiro en el corto plazo. Sin embargo, su éxito dependerá de la rapidez con que se ejecuten los proyectos y, sobre todo, de la voluntad política para impulsar reformas estructurales.
El aumento del gasto de capital es, en esencia, un empujón inmediato. No sustituye el rediseño integral del sistema fiscal ni una visión de desarrollo más equilibrada. De ahí que la gran pregunta siga en pie: ¿será este presupuesto un puente hacia un crecimiento duradero o tan solo una respuesta coyuntural que, más temprano que tarde, exigirá otro parche?
En cualquier caso, la decisión ya está tomada. Será el tiempo quien juzgue si se trató de un salto hacia adelante o, por el contrario, de un respiro efímero antes de la próxima crisis.
