El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta dirigida a todas las instituciones del Estado, en la cual se establece la obligación de los proveedores de cumplir estrictamente con las normas laborales y de seguridad social durante la ejecución de los contratos públicos.
La circular, firmada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, resalta que el cumplimiento de las obligaciones laborales constituye un principio esencial de integridad y ética contractual, reafirmando así el rol del Estado como garante del trabajo decente.
En el documento se instruye a las instituciones contratantes a supervisar de manera activa el respeto a los derechos de los trabajadores por parte de los proveedores del Estado, prestando especial atención a la inscripción en la seguridad social, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, así como el cumplimiento de la proporción del 80% de trabajadores nacionales.
Asimismo, la circular recomienda que los contratos públicos incluyan disposiciones que contemplen el incumplimiento de las normas laborales como causal de terminación unilateral o de otras consecuencias jurídicas, previa certificación de la Tesorería de la Seguridad Social o del Ministerio de Trabajo.
Las instituciones firmantes recalcaron que esta medida fortalece las políticas de integridad en la contratación pública y consolida la protección efectiva de los derechos laborales y sociales de los trabajadores vinculados a la ejecución de contratos con el Estado.
La circular fue dada a conocer durante el acto de firma de un acuerdo de colaboración interinstitucional en la sede del Ministerio de Trabajo, en la que Olivares, resaltó que “se trata de una gran alianza por la ética, que obligará a las empresas a cumplir las normas laborales y, por vía de consecuencia, hará más transparente la contratación pública”.
El ministro Olivares añadió que el acuerdo contribuirá con la construcción de una cultura de cumplimiento y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores dominicanos, mediante el cual, además, se garantiza que los recursos públicos se utilicen no solo para la realización de obras y servicios, sino también como un instrumento para promover empleos formales.
Olivares afirmó que con este compromiso garantizará que las empresas que contraten con el Estado actúen con responsabilidad social, cumpliendo con la seguridad y la salud de los trabajadores. “Con esta circular, enviamos el mensaje claro de que en la República Dominicana no habrá espacio para la precarización laboral en proyectos financiados con fondos públicos”, agregó.
Finalmente, Olivares reafirmo la firme voluntad del Ministerio de Trabajo de acompañar y supervisar este proceso, convencido de que solo con el cumplimiento pleno de la ley lograremos un desarrollo inclusivo y sostenible.
De su lado, Pimentel afirmó que la DGCP como órgano facultado para la emisión de políticas y normas del sistema de contrataciones ha incluido en los modelos de pliegos de condiciones, aspectos vinculados al cumplimiento de las normas laborales, el régimen de seguridad y protección a sus trabajadores, la inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
El acuerdo firmado por ambas instituciones permitirá profundizar en acciones conjuntas de supervisión, capacitación y acompañamiento a proveedores para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.
