[dropcap]C[/dropcap]uando se habla del sector transporte, independientemente de que sea de pasajeros o de carga, hay verdades que están a la luz de todos: caos, anarquía, monopolio, violencia, altos costos, represión, chantaje e ilegalidad.
Quienes lideran esta actividad se autorregulan, ponen sus propias reglas de juego y, hasta la fecha, nadie los ha podido controlar ni fiscalizar. Y cuando piden, a quien sea y lo que sea, hay que complacerlos.
En este importante sector de la economía hay de todo. Y esto no quiere decir que no haya debilidades en otras áreas, pero en éste hay particularidades que ponen de manifiesto cómo ha sido su trayectoria. Nadie, ninguna empresa, se atreve a ir en su camión a retirar una carga de uno de los puertos dominicanos sin antes pedir la aquiescencia de los transportistas.
A los empresarios dominicanos, igual que a los transportistas, no se les puede pedir que defiendan lo indefendible. Ahora bien, la justicia sí tiene conocimiento pleno de lo importante que es para una economía que exista la libertad de elegir a un suplidor de un bien o servicio, pues ello garantiza calidad y precios justos.
En el conflicto que ha enfrentado eternamente a estos dos sectores, ambos vitales para el desarrollo del país, ha faltado, sin lugar a duda, la autoridad del Estado, potestad que se ha perdido en medio de la irresponsabilidad de quienes han tenido el poder de decisión durante los últimos 40 años.
Ha quedado demostrado que la confrontación no es la mejor opción. Habrá que llegar a un entendimiento, cada cual sin transigir, para hallar un punto de armonía en que todos cedan y todos ganen. Quizá, y aún no es tarde, debió intentarse un período de diálogo para ver dónde están los puntos más cerrados y encontrar alguna válvula que pudiera liberar la presión acumulada durante tantos años de caos.
En un proceso de negociación las partes están obligadas a ceder para llegar a un entendimiento. Nadie, por más fuerte que sea, puede pretender que si negocia con otro logrará todas sus metas.
Ahora que este caso está en la justicia, que este jueves está previsto que se despache la sentencia, lo prudente es que, mirando más allá del tiempo presente, se tomen los correctivos de lugar para garantizar, en cada caso, el derecho a la elección, al comercio y a un sistema que funcione con transparencia. De lo que sí puede el país estar seguro es que nadie quedará conforme con la sentencia que dé el Tribunal Superior Administrativo.
A pesar de los dimes y diretes, de los malos ratos; de las acusaciones y contraacusaciones, de las heridas y cicatrices, ya sean contra la moral o no, hay que buscarle una salida armoniosa a esta crisis. La armonía beneficia a todos, el caos perjudica igualmente a todos.
Ambos, demandados y demandantes, están conscientes de que si esta crisis llegó a este punto se debe, fundamentalmente, a que históricamente el Estado no ha sabido jugar su rol, que las instituciones han sido débiles para fiscalizar y regular la actividad del transporte de carga y de pasajeros, dando al traste con este triste episodio que afecta a todos.
Armonizar, deponer actitudes y poner ante todo los intereses del país, aunque duela, es un imperativo por el bien común.
