[dropcap]C[/dropcap]rearon revuelo las declaraciones del presidente Danilo Medina en el sentido de que al menos 15 funcionarios del Poder Ejecutivo “a lo mejor lo ignoran y lo más probable es que no sepan” que deben rendir cuentas de su patrimonio familiar, un mandato de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, y su reglamento de aplicación (Decreto 92-16).
“Los vamos a reunir primero, porque los que nos quedan son gobernadores y viceministros, que a lo mejor ni saben que tenían que hacer declaración jurada”, sostuvo Medina, al amenazar que si esos servidores persistían en incumplir la ley “no cobrarán el 24”. Luego, el Palacio organizó una rueda presa con 10 funcionarios del nivel medio para garantizar que habían cumplido con la ley y que el mandatario habló “en sentido general”.
Aunque los del Poder Ejecutivo hayan cumplido, la Cámara de Cuentas notificó a la Tesorería que hasta el 4 de noviembre pasado, 4,727 funcionarios estaban violando la ley.
Organizaciones de la sociedad civil, como Participación Ciudadana, o instituciones académicas, como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), insisten en la necesidad de que los funcionarios cumplan con la citada legislación.
Incluso la propia gestión de Medina reclama su cumplimiento (solo hay que recordar que el ministro Gustavo Montalvo pregona sobre el tema).
Entonces, ¿por qué las autoridades deciden “dar un chance” a funcionarios “desinformados”, de cualquier ámbito, que incumplen con un mandato clave para la transparencia cuando lo menos complicado sería aplicar la ley?
