El sistema dominicano de seguridad social está diseñado para que todos los dominicanos tengan acceso a los servicios de salud, independientemente de su condición de formalidad o informalidad. Así, los trabajadores formales y sus dependientes, del régimen contributivo (RC) reciben cobertura en centros médicos públicos y privados contratados por las administradoras de riesgos de salud (ARS) a las que pertenecen.
Cada afiliado en el RC implica un ingreso para las ARS de RD$1,683.22 mensuales (lo que se conoce como la cápita). Esto, independientemente de que el afiliado acuda o no a recibir servicios de salud. Esos aportes son sustentados en la cotización de los trabajadores (3.04% de su salario mensual) y sus empleadores (7.09% del salario que pagan).
En tanto, para los asegurados en el régimen subsidiado, que no cotizan a la seguridad social, el aporte per cápita lo hace el Gobierno, por un monto de RD$321.97 mensuales por cada asegurado. Hasta julio de este año, en el RC había 4,876,990 afiliados, mientras que en el RS son 5,675,411.
Ahora bien, ¿por qué la cápita del RS es mucho menor que la de los afiliados al RC. Es así, no solo porque esa cápita corre totalmente por cuenta del Estado, sino, además, porque los afiliados de ese régimen deben ser atendidos exclusivamente en los hospitales públicos, lo cuales son construidos y sustentados también por el Estado.
En tanto, dado que los aportes del RC corren por cuenta de empleados y empleadores, entonces la cápita es mayor y tienen posibilidad de recibir atenciones tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos, que podrán cobrar por esos servicios a través de la ARS correspondiente.
El tema es que la ARS del Estado (Seguro Nacional de Salud -Senasa-) tiene una cantidad importante de afiliados en el RC y la totalidad de los afiliados del RS. Por eso es la ARS más grande del país. Para los contratos de prestación de servicios, las ARS privadas como la pública están en la libertad de establecer esos acuerdos contractuales a discreción, pues solo basta con que se cumpla con el catálogo de servicios correspondiente establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Sin embargo, por una distorsión en la interpretación de las normas o una violación intencional de éstas, el Gobierno autorizó a Senasa para que contrate los servicios de clínicas privadas para atender a afiliados del RS, supuestamente para los casos en que se requieran intervenciones con equipos que no existan en los hospitales y que sí pueden ofrecer las clínicas.
Esto abrió espacio a Senasa para hacer contratos con clínicas privadas para dar servicios a afiliados del RS, cuando en realidad ellos solo deberían recibir servicios en hospitales públicos, pues se trata de más de la mitad de los asegurados y todos son subsidiados por el Estado.
El resultado es que, el año pasado, resultó más del 70% de los afiliados del RS que recibieron servicios de salud en el país fue a través de clínicas privadas y no de hospitales públicos, donde, increíblemente, solo menos del 30% de los pacientes del RS recibió servicios.
Mediante contratos firmados a discreción por el Senasa con esas clínicas, laboratorios, farmacias y otras prestadoras de salud privadas, los montos pagados por el Estado, a través de esa aseguradora por supuestas atenciones a pacientes del RS, fueron exorbitantes, tanto que provocaron un déficit en la ARS estatal superior a los RD$3,000 millones solo el año pasado.
¿El resultado? Unos actos de corrupción de magnitudes enormes en Senasa, que ahora serán investigados por el Ministerio Público, sin que se tenga seguridad de que se hará justicia.
Mientras tanto, para tapar el hueco de corrupción cometida por responsables que siguen campantes en sus casas, el CNSS autorizó a que se le transfieran al Senasa RD$6,000 millones de los recursos aportados por los empleadores para el seguro de riesgos laborales.
En tanto, falta esperar a que se enderecen los entuertos, lo cual implicaría que el Senasa cancele “todos” los contratos de atención de afiliados del RS en clínicas privadas, para que solo sean atendidos en los hospitales públicos, como debe ser, y que solo mantenga los contratos correspondientes a los afiliados del RC, que sí cuentan con la cápita de aportes individuales hechos por empleados y empleadores y no por cuenta del Estado.
Esa sería una parte de la solución, solo una parte. Pero algo es algo.
