República Dominicana ha consolidado en los últimos años su posición como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) en el Caribe. En 2024, superó los US$4,000 millones, impulsada por sectores como turismo, zonas francas y energías renovables. Sin embargo, en un entorno global más competitivo, nuestro país debe reforzar su marco legal e institucional para mantener y aumentar estos flujos.
El turismo sigue siendo la estrella en la atracción de capital foráneo. No obstante, la sostenibilidad ambiental y la certeza jurídica en permisos y concesiones son temas clave que inversionistas internacionales observan con lupa.
En el ámbito de zonas francas, República Dominicana se ha beneficiado del nearshoring, al convertirse en un hub de manufactura para dispositivos médicos, textiles y call centers. La Ley 8-90, a pesar de sus limitaciones, ha facilitado los incentivos. Sin embargo, urge modernizarla para integrar industrias 4.0, servicios digitales y exportación de talento, que hoy no cuentan con un tratamiento normativo claro.
La transición energética es otro foco de atención para los capitales internacionales. Parques solares, eólicos y contratos de gas natural licuado muestran que hay apetito por diversificar la matriz. El reto está en acelerar los permisos ambientales, dar estabilidad a los contratos de compraventa de energía y reforzar la seguridad jurídica.
La confianza del inversionista no depende solo de los incentivos, sino de la estabilidad institucional. Una reforma fiscal previsible, reglas claras en compras públicas y un sistema judicial ágil elevan la percepción de seguridad jurídica. Por el contrario, la burocracia, los cambios normativos sin consenso o la falta de transparencia pueden frenar el interés de capital extranjero.
El acceso a financiamiento multilateral también juega un rol en la atracción de IED. Cuando organismos como el BID o la CAF respaldan proyectos de infraestructura, se crea una señal que reduce el riesgo percibido. Estos créditos, con inversión privada, permiten apalancar obras estratégicas en puertos, carreteras y transporte urbano.
La competencia regional exige decisiones rápidas. México, Costa Rica y Colombia están implementando reformas para facilitar el establecimiento de empresas de servicios globales. Si nuestro país no actualiza su marco regulatorio, corre el riesgo de perder oportunidades valiosas de inversión.
Un paso concreto sería la creación de una ventanilla única real y efectiva para grandes inversiones, con plazos legales definidos y trámites digitalizados, moverla de palabras a hechos reales. También, aprobar una Ley de Startups y una Ley de Innovación que articulen incentivos fiscales y protección de propiedad intelectual. Estas herramientas darían señales claras de que el país apuesta por diversificar la IED más allá del turismo y la manufactura ligera.
La IED seguirá siendo un motor del crecimiento dominicano en este año y el próximo. Pero sostener esa dinámica requiere no conformarse con el marco actual, sino avanzar hacia una estrategia legal y regulatoria más moderna, ágil y competitiva. La meta no es solo atraer capital, sino canalizarlo hacia sectores que impulsen un desarrollo sostenible, inclusivo y de largo plazo.
