República Dominicana ha mantenido un crecimiento vigoroso en los últimos años, lo que la posiciona como uno de los destinos emergentes de inversión en el Caribe.
No obstante, según el informe del Departamento de Estado de los EE. UU. sobre clima de inversión 2025, los inversionistas siguen expresando preocupaciones respecto al ambiente institucional. Aspectos como la falta de certeza regulatoria, decisiones arbitrarias en permisos y la debilidad en la rendición de cuentas socavan la confianza.
Uno de los puntos que señala el informe es la inconsistencia normativa entre instituciones. Las empresas enfrentan exigencias distintas de autoridades locales y nacionales, lo que genera riesgo regulatorio. Esta superposición normativa y la discrecionalidad pueden afectar los costos y plazos de los proyectos.
La transparencia en los procesos de contratación pública aparece también como una dimensión crítica. El informe destaca la percepción de favoritismos, la falta de criterios públicos claros y procesos poco predecibles para concesiones. En muchos casos, los inversionistas temen que el acceso o la asignación de contratos dependa más de relaciones políticas que de mérito técnico.
Las leyes anticorrupción del país establecen sanciones penales, pero su aplicación efectiva es limitada. El Departamento de Estado indica que la débil supervisión de estas normas y la lentitud en las investigaciones reducen su credibilidad como herramienta de control. La percepción de impunidad resulta contraproducente para atraer capitales que exigen estándares altos de gobernanza.
Otra preocupación señalada es la protección de inversionistas frente a expropiaciones y cambios drásticos de normativa. Si bien el país ofrece acuerdos bilaterales y un marco para arbitraje internacional, numerosos casos de modificación de condiciones contractuales sin compensación efectiva generan alerta en el inversor.
La predictibilidad legal es tan valiosa como los incentivos fiscales. El informe también resalta que, en materia de resolución de disputas, la congestión de tribunales y la lentitud procesal son barreras reales. Las partes que demandan justicia pueden enfrentarse a años de batallas legales sin garantía de ejecución efectiva. Eso deteriora la percepción de seguridad jurídica y eleva el riesgo país implícito. Un elemento clave para mejorar el clima es la coordinación institucional.
La digitalización de expedientes y la trazabilidad de los procesos son herramientas indispensables para aumentar transparencia y eficiencia.
Las reformas deben ir acompañadas de sanciones creíbles para funcionarios que violen procedimientos o no respeten los plazos constitucionales. Sin mecanismos disuasivos reales, las mejoras legales tendrían poco efecto práctico. La rendición de cuentas institucional debe ser parte del diseño del nuevo entorno.
En síntesis, mejorar el clima de inversiones exige más que incentivos fiscales. Requiere fortalecer el sistema institucional mediante transparencia, certeza jurídica y aplicación consistente del Estado de derecho. Si el país logra construir un entorno verdaderamente predecible y confiable, no solo atraerá mayores flujos de inversión, sino también elevará su posición competitiva en la región. Ese es el reto pendiente.
