En las últimas dos décadas, República Dominicana ha intentado en repetidas ocasiones reformar su sistema fiscal, pero la mayoría de esos esfuerzos han fracasado o quedaron reducidos a medidas parciales. Desde 2004 hasta la fecha, casi una decena de iniciativas de ajuste tributario fueron planteadas por distintos gobiernos, pero solo dos lograron aprobarse plenamente.
Los intentos más recientes, particularmente los discutidos entre 2021 y 2024 por la actual administración, y que fue llamado fueron retirados antes de llegar al Congreso. El último esfuerzo fue la denominada Ley de Modernización Fiscal.
Pero ¿Por qué fracasó? Durante una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, explicó las razones por las cuales la reforma fiscal propuesta el año pasado no avanzó, señalando errores técnicos en su diseño y la falta de condiciones políticas y sociales para su aprobación.
Según Díaz, “la reforma que se intentó hacer el año pasado […] tenía errores graves. Lo dije y yo la defendía; defendía la necesidad de hacerla, pero al leerla…”, entre ellos la propuesta de generalizar el ITBIS a 18%, medida que, afirmó, habría implicado que “muchos bienes pasarán de 0% a 18%”. También cuestionó la idea de gravar los intereses al 27%, indicando que se trata de una práctica usada en “Estados Unidos y algunos países ricos, pero aquí no había condiciones para eso”. Veía como un error aumentar los impuestos selectivos, que ya son altísimos en el país.
El ministro sostuvo que una reforma tributaria tendría que ser progresiva, es decir, “los que tienen más deben aportar más”, advirtiendo que no puede recaer sobre los sectores de menores ingresos. Sin embargo, señaló un obstáculo recurrente: “todo el mundo quiere reforma tributaria, pero que la pague otro”, lo que a su juicio dificulta alcanzar consensos. Entiende que la función del Gobierno es hacer algo que sea razonable, sensato y que sea política y socialmente viable. Para Díaz, esa es la clave.
Díaz insistió en que el país no enfrenta un riesgo de crisis fiscal, por lo que la reforma no debería plantearse en términos de emergencia, sino como una vía para generar espacio fiscal para elevar la inversión pública, actualmente estancada. “Podemos seguir con una inversión pública más cerca del 2% del PIB que de 3%. Yo no creo”, afirmó. A su entender, es necesario apoyar al Banco Central con una política fiscal que esté con unas cuentas fiscales más saneadas.
Afirma que lo importante es que se estabilicen las finanzas públicas y llegar a una reforma antes de que haya una crisis fiscal. “Aquí se han hecho reformas en medio de crisis. Las crisis nos han llevado a las reformas. Eso pasó en los años 80 y en 1992. Eso país en 2004, pero lo que debemos evitar es llegar a la crisis. Tenemos que estabilizar las finanzas públicas antes de que haya una crisis”, entiende el ministro.
Sobre el impacto en el déficit, aclaró que no se plantea un aumento significativo: “Una parte tiene que ser para gastar un poco más, sobre todo en inversión pública, pero el déficit no lo vamos a tocar porque la sostenibilidad de la deuda no puede estar en juego”. Considera que la sostenibilidad de la deuda no puede estar en juego.
Respecto al uso de los recursos públicos, admitió que evaluar el gasto es complejo. “El gobierno gasta bien o gasta mal depende de quién lo diga; es subjetivo”, señaló. No obstante, reconoció avances en transparencia en áreas como inversión pública y compras gubernamentales, aunque reiteró que deben fortalecerse los controles y la lucha contra la evasión y el fraude fiscal: “No haces nada subiéndole los impuestos a la población si alguien hace fraude y no pasa nada”.
