El nuevo Reglamento de Sistemas de Pago aprobado por la Junta Monetaria introduce una transformación en la arquitectura de pagos de la República Dominicana. Bajo la apariencia de modernización y eficiencia, el texto establece al Banco Central (BC) como operador exclusivo del Sistema de Gestión de Pagos Instantáneos (SGPI). Esta decisión, aunque busca garantizar seguridad y estabilidad, marca un cambio de paradigma que puede limitar la innovación y la competencia en el ecosistema financiero.
El reglamento de 2021 había permitido un entorno más abierto y colaborativo, donde los participantes, esencialmente bancos, adquirentes, fintechs y emisores, podían interoperar mediante diferentes plataformas bajo estándares comunes. La versión reformada rompe con ese espíritu, centralizando toda la operación en un sistema único, controlado directamente por el BC. Esto equivale a cerrar la puerta a operadores privados que podrían ofrecer soluciones más ágiles o especializadas.
La justificación oficial es que el control total del SGPI fortalece la confianza y reduce los riesgos sistémicos. Pero esta concentración también traslada todo el riesgo operacional y tecnológico al propio BC. Un fallo en la infraestructura del SGPI tendría repercusiones inmediatas en todo el sistema financiero, sin mecanismos de contingencia alternos. La resiliencia del ecosistema se debilita con un solo operador.
Otro aspecto preocupante es la obligatoriedad de adscripción al sistema para bancos, emisores de dinero electrónico, adquirentes y subadquirentes. Bajo la nueva regulación, ninguna entidad puede ofrecer pagos instantáneos fuera del SGPI. Este enfoque, aunque favorece la interoperabilidad técnica, reduce la competencia y convierte al BC en árbitro y jugador a la vez. La frontera entre la supervisión y la operación se vuelve difusa, a pesar de los esfuerzos del texto por separarlas formalmente.
El reglamento también otorga al BC la facultad de fijar tarifas por los servicios de liquidación del sistema. Si bien la medida se presenta como una forma de transparentar costos, en la práctica convierte al regulador en un actor económico, capaz de influir en los precios de los pagos digitales.
Asimismo, los requisitos técnicos y de ciberseguridad que impone la norma son exigentes y costosos, especialmente para los nuevos participantes. Aunque la intención es garantizar la estabilidad, el efecto podría ser excluyente: las empresas emergentes enfrentarán mayores barreras de entrada, justo cuando la innovación dominicana en pagos digitales comenzaba a despegar.
El nuevo reglamento avanza en materia de estandarización, pero retrocede en diversidad y competencia. Al sustituir un ecosistema plural por una estructura centralizada, el país corre el riesgo de frenar el dinamismo que había caracterizado al sector. La seguridad no debería lograrse sacrificando la innovación ni la competitividad.
En definitiva, el nuevo SGPI es un paso importante, pero no exento de riesgos. La modernización del sistema de pagos no puede basarse solo en control institucional, sino en un equilibrio real entre supervisión, competencia e innovación. De lo contrario, la eficiencia técnica podría lograrse a costa del progreso del propio mercado.
