[dropcap]L[/dropcap]a sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre el recurso de amparo presentado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y otras organizaciones empresariales pone “tuche” a los denominados “sindicatos” que, en algunos casos imponen sus reglas por encima del Estado, y con violencia en muchas ocasiones, para mantener el monopolio del transporte de carga y pasajeros.
El tribunal, integrado por Diómede Villalona, Alina Mora y Evelyn Torres, ordena a los ministerios de Trabajo, Industria y Comercio, Defensa, Interior y Turismo, así como a la Policía Nacional y a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público así como de las empresas que decidan valerse de sus propios medios para retirar mercancías de los puertos.
Al mismo tiempo, excluyó del amparo a la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Estas entidades deberán pagar un “astreinte provisional con carácter individual y conminatorio de RD$5,000 diarios por cada día que transcurra sin ejecutar la sentencia a partir de su notificación”.
La decisión se enfoca en erradicar prácticas monopólicas de sindicatos que con frecuencia escenifican hechos de violencia en su lucha por el control de los accesos a los puertos y de las rutas que operan y que, en principio, son propiedad del Estado.
El fallo afecta sobre todo a los grandes gremios del transporte que encabezan Antonio Marte, Juan Hubieres y Arsenio Quevedo. También al de Blas Peralta, preso bajo la imputación de asesinar a Mateo Aquino Febrillet, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y candidato a senador por San Cristóbal al momento del crimen.
Hubieres y su Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) se exponen además a una demanda judicial por supuesta difamación e injuria a los directivos del Conep cuyas imágenes utilizan en un afiche plasmado en los cristales traseros de muchos autobuses de los que cubren las rutas que operan.
El transportista, que podría ser acusado ante los tribunales de violar el “derecho a la dignidad, a la imagen y al buen nombre”, aseguró a elDinero el pasado viernes que “estamos esperando que nos sometan a la Justicia”.
Al Constitucional
“La sentencia del Tribunal Superior Administrativo en el amparo incoado por Conep y casi 90 empresas es un gran precedente que no solo contribuye a la liberalización del sector transporte y a la construcción de un sistema de transporte más barato, eficiente, competitivo y digno, sino que también consolida al TSA como jurisdicción contenciosa administrativa y como jurisdicción constitucional independiente”, sostiene Eduardo Jorge Prats, uno de los representantes de los empresarios en el proceso.
El jurista puntualiza que se “trata de un gran paso por una economía social de mercado en el sector transporte que debe redundar en beneficio de pasajeros, empresas y consumidores que podrán acceder en el futuro a un mejor transporte, a una carga de mercancías menos costosa que, por ende, significará una disminución de los precios de bienes y servicios y mejora significativa de la competitividad del país como destino de inversión y como generador de exportaciones y divisas en la región”.
Pero, desde la otra acera Ángel Lockward, quien representó los intereses de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), cuestiona la sentencia.
“El fallo rechaza un medio de excepción esencial, porque quedó demostrado en audiencia que el Conep carecía de capacidad para accionar en justicia en el tema objeto de debate; pero el tribunal rechazó todos los medios de inadmisión planteados por los distintos estamentos del Gobierno y de los intervinientes”, dice.
Asegura que los jueces se valieron de “una argucia jurídica” y convirtieron el proceso, que se basa en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (la número 137-11, del 13 de junio de 2011), de “un amparo ordinario a un amparo de cumplimiento”.
“El TSA declaró de oficio que era un amparo de cumplimiento, regido por el artículo 107; lo arregló para no aplicarle el artículo 70; lo acogió por el 105, obviando también, que no había puestas en mora válidas; lo que había eran unas cartas que no constituían puestas en moras, sobre todo que no se puso en mora a la autoridad responsable de las leyes de la competencia que es ProCompetencia, que fue como interviniente y no lo citaron nunca a audiencia”.
El jurista insiste en que se trata de una sentencia “horrenda” y adelanta que, una vez sea notificada en forma íntegra, procederá a recurrirla en apelación ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, Prats confía en que los estamentos del Estado acatarán la decisión. “Es de esperar que, en caso de recurso ante el Tribunal Constitucional, dicha corte confirme el veredicto del Tribunal Superior Administrativo”, dice.
“Más aún, que amplíe la tutela conferida a los amparistas por los jueces de lo contencioso administrativo”, añade.
“En todo caso, si es recurrida esta decisión, cuando sea publicada y notificada íntegra por el TSA, la sentencia es plenamente ejecutoria, pues el recurso ante el Tribunal Constitucional, que es el único que puede intentarse, no suspende la ejecución de la sentencia a favor del Conep”, sostiene Prats.
El abogado interpreta la decisión como una prueba de independencia del Tribunal Superior Administrativo y de su “capacidad de resistir las presiones de los poderes fácticos de los sindicatos.
Observa que los representantes de los gremios “no solo rodearon con turbas el tribunal, sino que también paralizaron parcialmente el transporte en varias ocasiones, recusaron tres veces a todos los jueces en manifiesta violación a la ley y desataron una campaña de injuria contra los amparistas y sus directivos a través de los medios y en posters en los vehículos del transporte público”.
Algunos puntos
- Rechazo: El TSA rechazó una petición de Fenatrano en el sentido de que las empresas que reciben excenciones, exoneraciones y subsidios sean obligadas a distribuir el 20% de sus beneficios entre sus trabajadores.
- Nulidad: El TSA rechazó la “Excepción de Nulidad por falta de capacidad del accionante” presentada por varios gremios del transporte y determinó que el Conep “posee la capacidad jurídica para accionar en justicia”.
- Rechazó: “El medio de inadmisión por falta de calidad” que promovió Trabajo, ya que el Conep “actúa en su propia representación como persona moral” y no de los intereses individuales de las entidades comerciales que lo componen.
- Ministerio Público: Los jueces del TSA rechazaron la solicitud de improcedencia planteada por los accionados, los intervinientes voluntarios y el Procurador General Administrativo en lo referente al artículo 107 de la Ley No. 137-11.
- Tipo de recurso: Los jueces del TSA determinaron que “no se trata de un Amparo Ordinario, sino de un Amparo de Cumplimiento”, por lo que las reglas de procedencia observables son las dispuestas en el artículo 107 de la Ley No. 137-11.
Los empresarios reaccionan satisfechos
El Conep pondera la sentencia como una acción orientada a “liberalizar el sector del transporte terrestre de carga y de pasajeros”. Sostiene que con el fallo gana “la sociedad dominicana y todos los ciudadanos y ciudadanas”.
“El Conep y las 90 empresas y asociaciones dominicanas que presentaron el recurso, valoran muy positivamente el pronunciamiento de los magistrados del alto tribunal y consideran que, con esta decisión, se fortalece el rol del TSA como jurisdicción constitucional y poder judicial independiente”, indicó la organización en un comunicado.
También el empresario Celso Marranzini ponderó la sentencia a través de las redes sociales: “Son muchos los años que hemos venido luchando contra el monopolio del transporte, contra el costo excesivo y la mala calidad del mismo”, indicó.
“Hemos soportado pedradas, quema de vehículos. Actitudes que no se compadecen ni con la libre empresa y mucho menos con el Estado de derecho de un país que tiene que regirse por las leyes”, dijo.
Sostuvo que “los transportistas tienen una oportunidad de cambiar y convertirse en verdaderos suplidores” mientras “los empresarios debemos ver esto, no como una victoria, sino el reconocimiento de la Constitución”.
“Los empresarios debemos ser coherentes frente a que los monopolios son dañinos”, dijo. “Los empresarios tenemos que estar cada vez más cerca de la población: nuestros clientes, nuestros amigos”, sostuvo.
…Y Juan Hubieres cayó
Después que el tribunal leyó el dispositivo de la sentencia y mientras Ángel Lockward, abogado de la Conatra, ofrecía unas declaraciones a la prensa, el empresario del transporte Juan Hubieres sufrió un desmayo que provocó un gran alboroto.
Sus compañeros lo sacaron cargado del TSA, ubicado en el sector Gascue, de la capital. El transportista falló en sus intentos por ponerse de pie y salir de su vehículo.
Luego, su equipo envió una imagen fotográfica en donde se le ve en una clínica bajo el cuidado del médico psiquiatra Secundino Palacios, en el Centro Médico Antillano, de esta capital.
