Cualquier dominicano tiene derecho a aspirar a la Presidencia de la República. Sólo tiene que cumplir con lo que establece la Constitución. Ahora bien, en virtud de mi derecho constitucional como dominicano a aspirar a la Presidencia del país, reflexiono sobre las razones por las cuales tal aspiración no serían más que una quimera.
No es una cuestión de falta de voluntad o de querer, sino de la cruda realidad de un sistema social hipócrita y rebosado de falsedades que vetaría mi propuesta.
Mi inviabilidad radica, fundamentalmente, en que esta sociedad, tal como está estructurada hoy, no parece estar preparada para la prevalencia irrestricta del imperio de la ley y la ética pública. Sería un Presidente atípico, sin contemplaciones contra aquellos que traicionen la confianza depositada y el privilegio de servir al Estado.
Para empezar, mi candidatura jamás provendría de un partido tradicional, pues sus propias dinámicas me cerrarían las puertas desde el primer instante. Exigiría un certificado de buena conducta a todo colaborador cercano y les haría firmar un descargo: cualquier acción contra la moral y las leyes implicaría su procesamiento sumario y la cárcel.
Mi agenda incluiría la construcción de una cárcel modelo dedicada a corruptos, lavadores de dinero y empresarios hipócritas. A estos últimos, críticos de la corrupción gubernamental, les cuestionaría inmediatamente sobre su propio cumplimiento de las leyes fiscales. Propondría la deshonra pública, anunciando los nombres de todos los que traicionaron la confianza y afectaron el erario.
El camino a la Presidencia no pasaría por métodos tradicionales. Jamás pagaría un peso por un voto, ni ofrecería pica pollo o gasolina para asegurar asistencia a actos políticos. En campaña, asumiría el compromiso de revisar la nómina estatal, eliminando a todo el que no cumpla una función. Tantos bonos me tienen hartos, pues sólo alimentan el asistencialismo improductivo.
El sistema me vetaría rápidamente, pues propondría una ley fiscal sin privilegios, aunque incentivando la inversión privada productiva. Haría una revisión de los subsidios, incluyendo los programas de ayuda social, consciente de que muchos solo fomentan el paternalismo. Las exenciones fiscales serían eliminadas para todo el que no justifique su retorno social o económico.
En el núcleo de esta visión se encuentra el compromiso inquebrantable con la justicia y el imperio de la ley. La lucha contra la corrupción será frontal y sin concesiones, garantizando que los fondos públicos recuperados de actos ilícitos se reinviertan en la sociedad y que los responsables, sin importar su rango, enfrenten todo el peso de la ley.
Paralelamente, se implementarían políticas de seguridad robustas y se fortalecería la cooperación interinstitucional e internacional para combatir con rigor el narcotráfico y el lavado de dinero, actividades que socavan la estabilidad económica y política de las naciones.
No habría tregua para los asesinos y violadores; se aseguraría que el sistema de justicia actúe con la celeridad y firmeza necesarias para proteger a las víctimas, garantizar el debido proceso y asegurar que tales crímenes atroces no queden impunes, reforzando la confianza pública en las instituciones de seguridad y justicia. Este país no está listo para un gobierno que no piense en el costo político de las decisiones.
