Una nueva ‘Doctrina Monroe’, basada en nuevas formas de intervención en América Latina, marcó este año la política exterior de Estados Unidos que ha vuelto a mirar con otros ojos a la región, con claro interés en tomar parte en asuntos internos de los países, desde México hasta Argentina.
Desde que en 1823 el presidente James Monroe (1817-1825) formuló la doctrina que lleva su apellido, aunque fue redactada por su secretario de Estado y sucesor en la Casa Blanca, John Quincy Adams, Washington ha tenido en América Latina una influencia permanente que hizo que esta región fuera llamada coloquialmente “el patio trasero” de Estados Unidos.
En un contexto de debilitamiento del sistema multilateral, EE.UU. ha expandido sus intervenciones más allá de las operaciones militares y políticas del pasado, principalmente en las décadas de la Guerra Fría, a los campos económico, comercial, judicial e incluso electoral en varios países de la región.
“La Doctrina Monroe originalmente surgió como un mecanismo jurídico y político de naturaleza internacional por medio del cual Estados Unidos pretendía reivindicar todo el continente americano para los americanos. En su momento se trataba de un resguardo a la injerencia y al intervencionismo de Europa en América Latina y en Norteamérica”, afirma el experto en derecho internacional Fabián Cárdenas, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Javeriana de Bogotá.
Sin embargo, la política exterior del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, “no tiene los mismos planteamientos de la Doctrina Monroe original”, aunque Washington la presente como tal, “porque acá en lugar de preservar la soberanía lo que ha habido es una intención de socavar esa soberanía”, agrega.
El largo brazo de Washington
Esas intromisiones han sido directas en países como México, del que Trump ha insinuado que podría ser objeto de operaciones contra el narcotráfico; Brasil, con la imposición de aranceles como represalia por el juicio al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, o Argentina, con el auxilio financiero de US$20,000 millones a su aliado Javier Milei en vísperas de unas cruciales elecciones legislativas.
También está el caso de Honduras, donde Trump entró de lleno en las elecciones presidenciales con el apoyo a Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, que lidera el infinito recuento electoral, o Panamá, país al que amenazó con retomar el canal interoceánico cuya soberanía y administración fue cedida por Washington mediante los Tratados Torrijos-Carter de 1977.
“Las formas de intervenir han cambiado y se han diversificado. Mientras que a inicios del siglo XX la intervención era estrictamente militar, hoy en pleno siglo XXI la intervención se da por vías jurídicas y por vías políticas, algunas incluso con más efectividad que las tradicionales intervenciones militares”, explica Cárdenas.
El experto señala que aunque EE.UU. solo considere intervención la que se hace por la vía militar, la Corte Internacional de Justicia falló en su contra en un caso contra Nicaragua en 1982 en el que enfatizó “que la intervención de un Estado sobre otro puede darse cuando quiera que se altera el manejo normal de las relaciones y del orden jurídico y político de un Estado”, lo que incluye presiones en ayudas o cooperación, por ejemplo.
“Hoy en día, el dar dinero, cortar ayudas, apoyar gobiernos, dar declaraciones o etiquetar determinados bloques políticos de una u otra manera está alterando el manejo político que hay en los Estados latinoamericanos”, agrega.
Relaciones turbulentas
Sin contar con la prolongación del embargo a Cuba, que se acerca ya a los 70 años, en otro nivel está el despliegue aeronaval en el mar Caribe como parte de la operación ‘Lanza del sur’ contra el narcotráfico, extendida al Pacífico oriental y con la amenaza de aplicarla también a operaciones terrestres y propiciar un cambio de gobierno en Venezuela.
Colombia, tradicional aliado militar y policial de Washington, es la nueva pieza de este ajedrez geopolítico.
Desde enero pasado, la relación bilateral vive en crisis permanente por las diferencias del presidente Gustavo Petro con Trump en áreas como migración, comercio y aranceles, decisiones judiciales, elecciones, la guerra en Gaza, la lucha contra el narcotráfico y más recientemente los bombardeos de lanchas supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico.
“En el siglo XXI algunos creen que se pueden volver reyes y virreyes, y en repúblicas no es posible”, dijo Petro en una de sus habituales críticas a Trump.
La estrategia de expandir su influencia en América Latina fue puesta de manifiesto a comienzos de mes por la Casa Blanca con la divulgación de su nueva política exterior, que busca restablecer la Doctrina Monroe como un asunto de seguridad nacional para impedir que potencias ajenas a la región, ya no las europeas, tengan presencia militar, controlen recursos militares o adquieran activos críticos en América Latina.
En el caso de Colombia, analistas políticos han señalado que amenazas como la de Trump contra Petro hace una semana, cuando dijo que “será el siguiente”, en alusión a las presiones que ejerce contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pueden ser contraproducentes desde el punto de vista político, electoral e incluso de desarrollo del conflicto armado.
En el caso de Venezuela, Cárdenas ve en esta nueva forma de intervención una manera de “presionar para que definitivamente entre un nuevo gobierno, que se acabe el chavismo y que comience una nueva era de democracia que se alinee con las políticas de Estados Unidos”.
