A raíz del artículo muy comentado del economista Juan Ariel Jiménez, donde revela anomalías en los estados financieros de Seguros Reservas, de la gestión 2021 al 2024, comparándolo con los años de nuestra gestión, me veo en el deber de hacer referencia a varios artículos que escribí en mayo de 2018 sobre la necesidad de una buena supervisión. Lo que nos ahorraría todos los dolores de cabezas que hemos tenido con la quiebra de bancos y aseguradoras y la situación actual del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Mis observaciones la hice tomando el tema sobre la relevante tarea del supervisor, ampliamente abordado en la XXIX Asamblea Anual de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (Assal).
Aquí le comparto mi artículo más actualizado y necesario que antes, cuando el supervisor ni siquiera pública los índice de solvencia y liquidez, trimestralmente como obliga la ley.
Es una responsabilidad esencial del supervisor velar porque la calidad de la intermediación sea promovida, mantenida y debidamente supervisada, especialmente en mercados donde el precio se ha convertido en el principal criterio de contratación. Las primas más bajas, como es bien sabido, no reflejan necesariamente la solvencia, la liquidez ni la capacidad técnica de una aseguradora para responder ante siniestros de magnitud.
En todos mis años de experiencia en el mercado asegurador, nunca un cliente me ha cuestionado sobre las inversiones de las reservas técnicas de una aseguradora: qué instrumentos utiliza, en qué entidades financieras coloca esos fondos o bajo qué criterios de diversificación y riesgo. Más preocupante aún es que no todos los intermediarios dominan este aspecto fundamental. Muchos de ellos, una vez diseñado el programa de seguros, no se aseguran de conocer la verdadera salud financiera de las aseguradoras donde colocan los riesgos.
Algunos intermediarios, que además actúan como intermediarios de reaseguro, colocan directamente riesgos en el mercado internacional, asumiendo funciones propias de las aseguradoras. Esta práctica, que particularmente cuestiono, exige una atención mucho más rigurosa por parte del supervisor, dado el riesgo sistémico que puede generar.
Como bien sabemos, el seguro es, ante todo, un negocio financiero, incluso más delicado y comprometedor que el bancario. Las aseguradoras administran tesorería a través de las inversiones de las reservas obligatorias con el objetivo de mejorar la rentabilidad del negocio, sobre todo en escenarios donde los resultados técnicos son ajustados o deficitarios, es decir, cuando las primas no superan los siniestros, los costos de reaseguro, la intermediación y los gastos administrativos. Este es un aspecto que el supervisor no puede perder de vista, si no quiere verse luego en la obligación de intervenir entidades para garantizar indemnizaciones a los asegurados, pagos a intermediarios o a proveedores de servicios.
La labor del supervisor es aún más compleja y especializada cuando se trata de evaluar la suficiencia y calidad del programa de reaseguro de una aseguradora. Este debe ser adecuado a la cartera que administra, con límites coherentes frente a su pérdida máxima probable, especialmente en contextos de eventos catastróficos.
Las aseguradoras, como se ha señalado, manejan fondos del público, y alguien debe garantizar que su administración sea responsable y eficiente. En el sector asegurador esta responsabilidad es aún más crítica, ya que solo cuando ocurre el siniestro se revela si el servicio contratado fue realmente adecuado y si la entidad estaba correctamente gestionada. El supervisor no puede esperar a que esto ocurra; debe anticiparse, utilizando herramientas modernas de supervisión, sistemas robustos y personal altamente capacitado, apoyado en una legislación clara que le permita actuar con agilidad y eficacia.
El regulador debe ser oportuno y firme al intervenir una aseguradora que incumple la ley. Mientras más tiempo permanezca una entidad en situación de deterioro financiero, mayor es el riesgo de que se consuman primas no devengadas que pertenecen a los asegurados. El impacto es aún más grave cuando existen reclamaciones pendientes, ya sea de indemnización, de intermediarios por comisiones, de ajustadores u otros proveedores de servicios.
Los recientes eventos atmosféricos que han afectado a países vecinos —cuyas pérdidas aún no han sido totalmente liquidadas— evidencian que muchas aseguradoras podrían no estar en capacidad de responder adecuadamente. En algunos casos, no se adquirió capacidad de reaseguro acorde con los riesgos asumidos y, ante pérdidas generalizadas y de gran magnitud, ni siquiera los capitales propios resultarían suficientes. Esta es una tarea altamente técnica y profesional del regulador, y confiamos en que situaciones como estas no se reproduzcan en nuestro mercado.
