Uno de los problemas menos discutidos, pero más costosos, del sistema tributario dominicano es la alta litigiosidad. No se trata solo del número de casos, sino de la incertidumbre que generan interpretaciones cambiantes y criterios no consolidados. Para 2026, reducir el llamado “riesgo jurisprudencial” debería ser una prioridad de política económica y legal.
La predictibilidad es un componente esencial de cualquier sistema tributario. Empresas e inversionistas no solo evalúan tasas impositivas, sino la posibilidad de anticipar cómo se aplicará la norma y cómo será interpretada en caso de controversia. Cuando esa previsibilidad falla, el impuesto efectivo termina siendo más alto que el nominal.
En la práctica, gran parte de la litigiosidad surge de interpretaciones administrativas variables. Un mismo hecho puede recibir criterios distintos según el período, la administración actuante o el funcionario que lo evalúa.
El problema no es exclusivo de nuestro país, pero aquí se ve amplificado por la ausencia de criterios administrativos verdaderamente vinculantes.
Las respuestas a consultas, circulares o normativas internas no siempre ofrecen seguridad jurídica duradera. Como resultado, el contribuyente cumple, pero sin certeza de que su cumplimiento será reconocido mañana. A esto se suma una jurisprudencia tributaria fragmentada. Las decisiones judiciales relevantes no siempre se sistematizan ni se divulgan de forma accesible.
De cara a 2026, una primera medida imprescindible es fortalecer la función interpretativa de la administración tributaria. Criterios claros, públicos y con efectos vinculantes para la propia administración reducirían significativamente el volumen de disputas.
Una segunda línea de acción es la publicación sistemática y ordenada de precedentes relevantes. No se trata de importar modelos ajenos, sino de crear repositorios accesibles que permitan a contribuyentes y asesores anticipar escenarios. La transparencia interpretativa reduce la litigiosidad sin necesidad de reformas legales complejas.
También resulta clave avanzar hacia mecanismos de acuerdos anticipados y de cumplimiento cooperativo. Acuerdos de valoración, transacciones administrativas o criterios consensuados permiten resolver controversias antes de que escalen al ámbito judicial. Para el Estado, esto implica recaudar con mayor rapidez; para el contribuyente, reducir incertidumbre.
El Poder Judicial, por su parte, enfrenta el desafío de especialización y consistencia. Una justicia tributaria predecible no requiere necesariamente más jueces, sino criterios más estables y tiempos razonables de decisión.
La reducción del riesgo jurisprudencial no significa favorecer al contribuyente ni debilitar la potestad tributaria del Estado. Significa establecer reglas claras del juego, donde todos conozcan de antemano las consecuencias fiscales de sus decisiones.
Si República Dominicana aspira a consolidarse como un destino competitivo para la inversión en 2026, deberá mirar más allá de incentivos y tasas. La verdadera reforma pendiente está en la calidad del sistema, no solo en su diseño. Un sistema tributario predecible es, al final, uno más justo, más eficiente y más creíble.
