La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Unión Nacional de Empresarios (UNE), y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La acción busca la declaratoria de no conformidad con la Constitución de dichos artículos, según los gremios empresariales, por considerar que imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), poniendo en riesgo su sostenibilidad, empleo y competitividad del aparato productivo nacional.
El vocero del bloque de estas asociaciones empresariales y presidente de Codopyme, Fernando Pinales, aclaró que respalda plenamente la protección del medioambiente y la gestión responsable de los residuos, pero advirtió que la normativa impugnada establece una “contribución especial” calculada sobre los ingresos brutos, sin relación con la generación real de residuos, lo que ha provocado incrementos que alcanzan hasta un 500% en los tramos de menores ingresos, en comparación con la legislación anterior.
Asimismo, señaló que la ley vulnera la libertad de empresa, al obligar al pago de la contribución incluso a empresas inactivas, sin operaciones o sin generación de residuos, convirtiendo el tributo en una penalización por la mera existencia jurídica. Asimismo, afirma que incide negativamente en los sectores sometidos a márgenes regulados, los cuales, pese a ostentar altos volúmenes de facturación, evidencian una rentabilidad neta irrisoria, comprometiendo su sostenibilidad económica.
A ello se suma que las mipymes fueron excluidas de la comisión prevista en la Ley 98-25, lo cual resulta particularmente grave e irrazonable, en tanto dichas unidades económicas representan aproximadamente el 98% del tejido productivo de la República Dominicana, vulnerando los principios de representatividad y participación efectiva.
Otro de los señalamientos es la ruptura del principio de igualdad y equidad tributaria, al tratar de igual forma a sujetos con realidades económicas distintas, sin considerar la capacidad contributiva ni la estructura de costos de las mipymes, lo que, según codopyme, favorece indirectamente la concentración económica.
En cuanto al artículo 16, advirtieron que este impone auditorías anuales, certificaciones de biodegradabilidad y restricciones de importación que no fueron acompañadas de estudios de impacto económico, afectando la operatividad y competitividad de los pequeños y medianos industriales.
“Defendemos el medioambiente, pero no a costa de la quiebra de las mipymes. Regular no puede significar asfixiar al que produce y genera empleo”, expresaron las asociaciones empresariales.
Los gremios reiteraron su disposición al diálogo y a la construcción de soluciones sostenibles y técnicamente viables, pero enfatizó que no puede guardar silencio frente a disposiciones que ponen en peligro el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la justicia tributaria.
