La implementación de reglamentos, manuales y normas complementarias a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas debe tomar en cuenta criterios de gradualidad, pero, además, es fundamental llevar a cabo procesos de formación y fomentar espacios de diálogo entre el Estado y el sector industrial.
Así lo aseguró el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, durante su discurso de apertura del primer Encuentro Industrial de este año, titulado “Nueva Ley 47-25 y su impacto en los sectores productivos”, que tuvo lugar en las instalaciones de la AIRD.
Brache consideró que esta nueva ley redefine la relación entre el Estado y la industria, convirtiendo las compras públicas en un catalizador de competitividad, innovación y desarrollo sostenible para el país.
Novedades
“La incorporación explícita del criterio de valor por dinero, que pondera no solo el precio sino la calidad, el costo del ciclo de vida y el impacto social y ambiental abre oportunidades reales para que la industria formal pueda competir en mejores condiciones y aportar soluciones sostenibles al Estado”, afirmó.
Asimismo, destacó que la obligatoriedad del uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema Nacional de Contrataciones representan mayor seguridad jurídica, reducción de discrecionalidad y reglas más claras para la participación para las empresas industriales, dando paso a la inversión, la formalización y la profesionalización de la oferta productiva nacional.
Otro aspecto positivo de la normativa, de acuerdo con Brache, es la inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), productores locales y empresas con enfoques diferenciados, que a su juicio, impulsará encadenamientos productivos, promoverá compras públicas más territoriales y estimulará la diversificación de la base industrial de Quisqueya.
Retos
No obstante, enfatizó que entre retos que plantea la legislación al sector industrial figuran la ampliación de los criterios de evaluación, las exigencias de sostenibilidad, el fortalecimiento de los regímenes de control y las inhabilitaciones éticas más rigurosas, las cuales demandan mayores capacidades técnicas, administrativas y de cumplimiento.
Pese a los desafíos, resaltó que el gremio está dispuesto a contribuir a que la Ley 47-25 se traduzca en procesos ágiles, eficientes y alineados con los estándares internacionales.
