El Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana (MEM), a través de su viceministerio de Hidrocarburos, debe ser felicitado por haber organizado exitosamente el primer “Foro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en la República Dominicana” el pasado 10 de febrero, al congregar representantes de varias agencias del Gobierno, académicos del país, y por supuesto, una buena participación de empresas privadas interesadas por acelerar los esfuerzos para confirmar si finalmente la República Dominicana podrá tener la extracción de hidrocarburos, tanto petróleo como gas natural, sea por tierra (onshore) o en el mar (offshore) como nuevo sector de desarrollo para contribuir a la meta ambiciosa de volver a duplicar el tamaño de la economía dominicana antes de 2040.
Luego de un muy interesante primer panel de discusiones sobre el tema, con un enfoque técnico-científico y estratégico, el cual confirmó las alentadoras premisas de varias cuencas (Enriquillo, San Juan, Cibao y costa este), tuve el privilegio de participar como panelista en el segundo panel con una visión más jurídica e institucional, acompañado por dos juristas de gran experiencia sobre estos temas: Pedro Montilla, nuevo viceministro de Justicia; y Alberto Reyes, que fue viceministro de Hidrocarburos; todo eso bajo la moderación efectiva de Wandy Tejada, el actual director de Regulación, Importación y Uso de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.
Sin sorpresa, ellos se enfocaron más en el aspecto muy jurídico del tema, y por ende, la necesidad de dar a conocer mejor el alcance de la Ley 37-25 que modificó a la muy desactualizada Ley 4532 del 1956; del mismo modo enfatizaron que, si bien la Constitución de la República Dominicana confirma que las riquezas del subsuelo pertenecen a la Nación, al declarar en su Artículo 14: “Recursos naturales. Son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional…”, no es menos cierto que, y esto debe verse como un gran paso de avance, esta misma constitución declaró de interés nacional la explotación de esos recursos en su Artículo 17: “Aprovechamiento de los recursos naturales. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia: 1) Se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional”.
En otras palabras, no es necesario perder tiempo en discusiones sobre si conviene (o no) desarrollar la extracción de hidrocarburos, dado que la Constitución de la República ya ha resuelto este tema al declarar esta actividad como de “alto interés público”.
En mi caso, fue la oportunidad para recalcar cómo debería de construirse un modelo económico, tanto para minería como para hidrocarburos que logre evitar que las industrias extractivas se conviertan en industrias destructivas, y todo lo contrario, lograr que estas mismas industrias extractivas puedan transformarse en industrias reproductivas; para ello, todas las políticas públicas por modificarse o por crearse deberían de organizarse alrededor de tres grandes ejes: i) lograr la mayor aceptación por parte de la sociedad, en una especia de “licencia social” que se les otorgue a estas actividades extractivas; ii) ser un instrumento de atracción de las grandes inversiones necesarias; y, iii) construir un modelo fiscal que permita maximizar la captación de las rentas por parte del Estado.
Sobre el primer eje, es necesario crear una nueva cultura societal en cuanto a las actividades extractivas en la República Dominicana, dado que las historias de la historia de este sector, lamentablemente más negativas que positivas, han sobrecargado la mochila del imaginario colectivo; esto se logra primero sabiendo hacer, y en este sentido las nuevas iniciativas tanto públicas como privadas, tanto de exploración como de explotación, han mostrado que la República Dominicana había logrado avanzar considerablemente, dentro de un marco de institucionalidad moderna. Ahora, para poder realmente conseguir aquella “licencia social” será necesario mucho más hacer saber, dar a conocer cómo las industrias extractivas han ido contribuyendo a mejorar las condiciones de vida en varias provincias del país. Las industrias extractivas deberían de verse como punto central para financiar la enorme agenda de desarrollo por ejecutarse en los próximos veinte años.
Sobre el segundo eje, habrá de reforzar un modelo que busque el delicado balance entre maximizar los ingresos fiscales y ser atractivo para nuevos inversionistas. Esto se logra definiendo un marco fiscal especialmente diseñado con los valores siguientes: claridad, estabilidad y progresividad; y en este sentido, lo más importante probablemente del lado de los inversionistas sería lograr una “estabilidad tributaria” que garantice que, durante todo el largo ciclo de desarrollo de un proyecto extractivo, no haya cambios en las reglas del juego.
Todo ello es fundamental para que el país pueda desarrollar nuevos emprendimientos en estas pujantes y necesarias industrias. El marco legal, en su parte fiscal no puede ser un traje único, sino un verdadero traje a la medida de cada proyecto; ahora bien, por más flexibilidad que se quiera tener, no se puede perder de vista que la participación del Estado debe de asegurar niveles suficientes para justificar que estos recursos finitos se vayan a explotar; en el caso de la minería, se entiende que un rango de expectativas razonables anda entre un 40% y un 60% de la renta producida por el proyecto; mientras, en el caso de hidrocarburos, el rango es mucho más variables, observándose a nivel internacional participaciones estatales en la renta petrolera entre un 25% y un 80%, y específicamente menor participación estatal en proyectos en alta mar (offshore) que en proyectos en tierra firme (onshore) por consideraciones del mayor nivel de riesgo asumido por el inversionista en alta mar. Es importante señalar que existe un enorme abanico de figuras impositivas que, con su adecuada combinación, permiten lograr este nivel de participación del Estado.
Finalmente, la reinversión de estas rentas extractivas puede ser el mayor reto a la hora de convertir una industria extractiva en industria reproductiva. Asegurar la optimización del uso de estos recursos, que tienen un carácter extraordinario por su misma naturaleza, es una tarea de todos.
En el caso de la República Dominicana se recomienda crear por ley lo que se pudiese llamar “Sistema Nacional de Gestión e Inversión de la Renta Energético Minera” (Sinagirem) de modo que una proporción no menor al cincuenta por ciento de los ingresos aportados por las industrias extractivas sea separada del presupuesto ordinario y llevado a un fondo especial, tal como lo hacen países como Colombia, Noruega o Perú, de modo que estos recursos reservados tengan como única posibilidad ser invertidos en proyectos de desarrollo.
De este modo, y solamente de este modo, se pudiese cumplir con el sueño de sembrar la minería hoy y mañana también sembrar el petróleo, parafraseando aquella noble consigna del gran intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, quien en 1936, hacen ya 90 años, había planteado la necesidad para Venezuela de “sembrar el petróleo” para que sea “la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo (venezolano) en condiciones excepcionales”.
¿Nos atreveremos al éxito?
