En los últimos años, las marcas propias de los supermercados han sido presentadas como una solución eficiente para abaratar los precios y ampliar el acceso al consumo. Sin embargo, detrás de esa aparente ventaja para el consumidor se esconde una realidad mucho menos favorable para los productores e industriales, especialmente los pequeños y medianos, que terminan pagando el verdadero costo de este modelo y empobreciendo.
Las marcas propias han desplazado progresivamente a las marcas tradicionales de los anaqueles. El supermercado, que controla el punto de venta, decide qué se exhibe, en qué cantidad y a qué precio. En ese juego desigual, el productor pierde algo más que espacio físico: pierde control sobre su producto, su marca y su margen de ganancia. Para muchos industriales, aceptar producir una marca propia no es una elección estratégica, sino una imposición del mercado. Es eso o desaparecer. El problema es que el productor deja de ser empresario para convertirse en un proveedor subordinado, obligado a producir grandes volúmenes a precios cada vez más ajustados, con márgenes mínimos que apenas cubren los costos operativos.
A esta pérdida de rentabilidad se suma un factor crítico que rara vez se discute: los plazos de pago. Los supermercados, con un enorme poder financiero y de negociación, convertido en tesorería e inmobiliaria, suelen pagar a 90, 120 incluso a 180 días.
Para el productor, eso significa financiar la operación del supermercado con su propio capital o, peor aún, con crédito bancario caro y limitado. Es insoportable para muchos, por lo que una ley de pronto pago es urgente.
El resultado es perverso: el productor asume el riesgo productivo, el costo del financiamiento, la presión de los insumos, la volatilidad del mercado y la carga laboral, mientras el supermercado cobra de inmediato al consumidor final. El flujo de caja del industrial se debilita, sus beneficios se reducen y su capacidad de inversión, innovación y crecimiento se ve seriamente comprometida.
En el caso de los pequeños y medianos productores, el impacto es aún más severo. Sin respaldo financiero ni acceso fácil al crédito, muchos terminan atrapados en un ciclo de dependencia: producen para sobrevivir, pero no para desarrollarse. No construyen marca, no fidelizan consumidores y no acumulan valor. Son reemplazables y, en cualquier momento, pueden ser sustituidos por otro proveedor dispuesto a aceptar condiciones aún más duras, afectando también la calidad del empleo, la inseguridad social y fomentando la informalidad.
Este modelo concentra el poder económico en el último eslabón de la cadena: el supermercado. Es allí donde se decide el precio, la visibilidad y la relación con el consumidor. El productor queda relegado a un rol invisible, sin reconocimiento ni capacidad real de negociación. A largo plazo, esto debilita la industria nacional, reduce la diversidad y amenaza la sostenibilidad del aparato industrial.
Las marcas propias no son, en sí mismas, el problema. El problema es un modelo desequilibrado que traslada costos, riesgos y financiamiento al productor, mientras concentra beneficios en el distribuidor. Si no se revisan estas prácticas, si no se regulan los plazos de pago y si no se protege al productor nacional, seguiremos avanzando hacia una amenaza de crisis en la sostenibilidad del desarrollo.
Defender a los productores no es ir contra el consumidor. Es apostar por una economía más justa, más equilibrada y sostenible. Porque sin productores fuertes, no hay industria; y sin industria, no hay desarrollo posible.
