Durante las últimas semanas, y a raíz de una declaración de una destacada comunicadora del país, se ha generado un debate sobre si una mujer mayor de 60 años puede tener aspiraciones comúnmente reservadas para el sexo femenino con edades por debajo de la mitad de la que originó la controversia.
Detrás de este altercado, a todas luces, inane, fútil, baladí e insignificante, se oculta una realidad difícil de aceptar: el mundo está envejeciendo a una velocidad pasmosa, constituyéndose en el fenómeno más silencioso pero transformador del siglo XXI. En América Latina y el Caribe, este proceso ocurre con una particularidad alarmante: envejecemos más rápido que los países desarrollados y lo hacemos, en gran medida, antes de haber alcanzado el desarrollo económico pleno.
En efecto, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2025), una de cada cuatro personas en la región tendrá más de 60 años en 2050, alcanzando los 183 millones, es decir, un 25% de la población. En el 2025, la población de 60 años y más superaba los 98 millones de personas, representando esto un 14.7% del total. El problema mayor es que, a diferencia de regiones más desarrolladas, ALyC tiene un menor nivel de desarrollo económico, muestra un ritmo de envejecimiento significativamente más acelerado y presenta niveles estructuralmente elevados de desigualdad.
Con un panorama así, envejecer es una tragedia. Por todo lo anterior, el envejecimiento representa un desafío estructural que afecta todas las esferas de la sociedad y la economía, como la capacidad de consumo, la generación de ingresos y los patrones de ahorro.
Pero hay un elemento particular aquí, y es que el envejecimiento no afecta igual a hombres que a mujeres debido a lo que la Cepal denomina la “sociedad del cuidado”. En efecto, las mujeres viven, en promedio, más años que los hombres, pero llegan a esa etapa en condiciones de mayor precariedad. A lo largo de su vida, muchas se ven obligadas a interrumpir su trayectoria laboral o a aceptar empleos informales de menor remuneración para ejercer labores de cuidado no remunerado.
Económicamente, esto genera un círculo vicioso: menores aportes a la seguridad social se traducen en pensiones mínimas o inexistentes, condenando a las mujeres a una vejez en la pobreza. Además, al ser las principales proveedoras de cuidados dentro del hogar, su retiro del mercado laboral formal para cuidar a sus propios padres o cónyuges reduce la oferta de trabajo y contrae el crecimiento económico.
En los hombres, el impacto suele ser distinto. Aunque tienden a tener mejores coberturas previsionales debido a trayectorias laborales más continuas, el envejecimiento suele implicar una pérdida brusca de identidad vinculada a la productividad laboral.
Se ha planteado que, combatir el “edadismo”, o sea, la discriminación por edad sería la panacea. Sin embargo, en economías con altos niveles de informalidad como la nuestra, el riesgo es que el envejecimiento se traduzca simplemente en personas mayores trabajando en el sector informal hasta el día de su muerte por falta de protección social.
En conclusión, el envejecimiento no es una crisis que se avecina; es una realidad que ya está teniendo impactos en nuestras economías, por lo que no puede ser tratada como una simple cháchara farandulera.
