La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) manifestó su profunda preocupación e inconformidad ante las modificaciones realizadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) al pliego de condiciones del proceso de licitación MAPRE-CCC-SI-2026-0001, señalando que los cambios introducidos no corrigen las distorsiones estructurales que comprometen la transparencia, la competencia y la credibilidad del proceso.
La entidad advirtió que los ajustes realizados resultan meramente formales y no abordan los problemas de fondo previamente señalados, manteniéndose condiciones incompatibles con la realidad del mercado que, en la práctica, limitan la participación de oferentes calificados.
Acofave reiteró que los camiones compactadores no son bienes disponibles para entrega inmediata, sino equipos que se fabrican bajo pedido, con procesos técnicos complejos que incluyen la integración del chasis y el sistema compactador, lo que conlleva plazos de entrega que, a nivel internacional, oscilan entre cuatro y ocho meses.
En ese sentido, calificó como inaceptable la permanencia de condiciones que no guardan proporcionalidad con la dinámica de esta industria, advirtiendo que estos requisitos desvirtúan el carácter técnico de una licitación pública, la convierten en un proceso potencialmente excluyente y generan serias dudas sobre su equidad.
Asimismo, el gremio alertó que la reiteración de requisitos no técnicos o mal formulados en procesos de compras públicas contribuye a crear la percepción de que se diseñan condiciones para favorecer actores específicos, lo que socava la confianza en los procesos de contratación, afecta la libre competencia y reduce la posibilidad de que el Estado obtenga las mejores condiciones técnicas y económicas.
Acofave enfatizó que una adquisición de esta naturaleza no puede evaluarse únicamente bajo criterios de inmediatez, sino que debe garantizar calidad, respaldo técnico, mantenimiento y sostenibilidad operativa, aspectos críticos para la gestión eficiente de los servicios públicos.
En ese contexto, la entidad exigió la reformulación total del proceso, de manera que el pliego de condiciones sea rediseñado conforme a criterios técnicos, razonables y transparentes. “Mantener condiciones que no responden a la realidad del mercado no solo distorsiona la competencia, sino que constituye una señal preocupante para la institucionalidad y la correcta administración de los fondos públicos”, advirtió.
Finalmente, Acofave reiteró que su posición no responde a intereses particulares, sino al compromiso de velar por procesos justos, abiertos y alineados con las mejores prácticas, insistiendo en que una licitación mal estructurada no solo afecta al sector, sino que perjudica directamente al Estado y a todos los ciudadanos.
