En República Dominicana solemos repetir que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son el corazón de la economía, pero, en la práctica, les pedimos exigimos que accedan al crédito bajo las mismas condiciones que empresas más grandes (a excepción de algunas ferias que igual exigen ciertas garantías), más formalizadas y con más activos disponibles para ofrecer en garantía.
Ahí está una de las grandes contradicciones del sistema: queremos que las mipymes crezcan, generen empleo, se formalicen y compitan, pero no siempre les damos los instrumentos financieros que necesitan para cruzar la primera barrera de acceso al crédito.
La discusión no debe plantearse como si el país estuviera frente a una idea nueva. La Ley 488-08, que establece el régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las mipymes, ya previó un Fondo de Garantía Crediticia, y no de manera simbólica, sino que el Fomipymes se financiaría con aportes del Gobierno central, donaciones, préstamos y otros ingresos, estableciendo que la partida consignada en el Presupuesto anual “nunca podrá ser menor al 0.4% de las recaudaciones fiscales de la nación” a partir del año 2009.
Además, ordenó que un 30% del total de esos recursos fuera destinado a crear y fortalecer un Fondo de Garantía Crediticia para mipymes con deficiencias en instrumentos de garantía frente a entidades financieras del mercado nacional.
En otras palabras, desde hace más de quince años el país cuenta con un mandato legal para alimentar una reserva pública de garantías. La fórmula mínima es sencilla: si el Fomipymes debía recibir al menos el 0.4% de las recaudaciones fiscales, y el 30% de ese monto debía ir al Fondo de Garantía Crediticia, entonces dicho fondo debió recibir anualmente el equivalente aproximado al 0.12% de las recaudaciones fiscales nacionales. Si se aplica esa fórmula mínima a los ingresos del Gobierno Central reportados por Hacienda en los últimos tres años, el Fondo de Garantía Crediticia pudo haber recibido aproximadamente RD$4,237 millones.
El punto no es contable; es económico. Si esos RD$4,237 millones se hubiesen acumulado como patrimonio de un fondo público de garantías, su impacto habría sido mayor que el monto presupuestario original, pues un fondo de garantías no presta peso por peso. Lo que hace es respaldar parcialmente créditos otorgados por entidades financieras. Si el fondo garantiza, por ejemplo, el 60% de un préstamo, el sistema financiero sigue asumiendo una parte del riesgo, pero cuenta con un respaldo para prestar más.
Bajo un escenario prudente, en el que el fondo emita garantías equivalentes a dos veces su patrimonio, esos RD$4,237 millones pudieron respaldar aproximadamente RD$8,474 millones en garantías y movilizar alrededor de RD$14,123 millones en crédito mipyme, con tres veces el patrimonio, el crédito movilizado pudo rondar los RD$21,184 millones, y en un escenario más ambicioso, con cinco veces el patrimonio, pudo alcanzar unos RD$35,307 millones.
Para dimensionarlo mejor, a marzo de 2025 la cartera bruta destinada a MIPYMES alcanzó RD$534,988 millones, con una tasa promedio ponderada de 14.3%, superior al 10.4% registrado en el resto de la cartera comercial privada, y con una morosidad de 1.79%. Estos datos muestran que el segmento mipyme ya tiene un peso importante dentro del sistema financiero, pero todavía enfrenta un costo de financiamiento más alto, asociado en gran medida a una mayor percepción de riesgo, menor disponibilidad de garantías reales, historial crediticio limitado e informalidad documental.
Precisamente por eso, un Fondo Público de Garantías bien diseñado no debe verse como una forma de obligar a los bancos a prestar mal, sino como una herramienta para que puedan prestar mejor. Si se toma como referencia un saldo promedio por deudor MIPYME cercano a RD$959,899, la reserva estimada de los últimos tres años (superior a RD$4,200 millones) pudo haber respaldado entre 14,700 y 36,800 operaciones crediticias promedio, dependiendo del nivel de apalancamiento técnico utilizado. Ese impacto se traduciría en capital de trabajo, inventario, maquinaria, digitalización, expansión comercial y liquidez para miles de negocios que producen y emplean, pero que no siempre cuentan con una garantía tradicional aceptable.
Para los bancos, una garantía parcial puede mejorar el perfil riesgo-retorno de la cartera mipyme, aumentar la organización, diversificar la cartera comercial y ampliar la base de clientes empresariales.
Sin embargo, el fondo no debe cubrir el 100% del préstamo: la entidad financiera debe conservar una parte del riesgo para mantener disciplina crediticia, evaluar bien y cobrar bien. Como política pública, el valor está en su efecto multiplicador: en vez de que el Estado preste directamente a todos, puede utilizar recursos limitados para movilizar varios pesos de crédito privado bajo reglas claras, límites, auditoría, provisiones y medición de impacto.
La experiencia internacional confirma que estos instrumentos pueden convertirse en parte de la infraestructura financiera de un país. Colombia cuenta con el Fondo Nacional de Garantías, Chile opera el Fogape y México utiliza esquemas de garantías y financiamiento a través de Nafin. República Dominicana no tiene que copiar esos modelos, pero sí puede construir una versión propia, preferiblemente mediante un Fideicomiso Público de Garantías para Mipymes, con patrimonio separado, gobernanza técnica y reportes periódicos.
La pregunta, entonces, ya no es si el país necesita este fondo, sino qué ha pasado con un mandato legal vigente desde 2008 que pudo haber acumulado recursos relevantes para respaldar crédito productivo y mover la economía real.
