Por: Fidel Lorenzo
Mientras la República Dominicana se prepara para celebrar una nueva cumbre sobre tránsito y seguridad vial en Santo Domingo, muchos ciudadanos observan con preocupación la enorme distancia entre los discursos oficiales y la realidad que se vive diariamente en las calles del país.
No deja de sorprender el espíritu megalómano que muchas veces nos caracteriza: queremos presentarnos ante países invitados como ejemplo de modernidad, control del tránsito, reducción de accidentes y respeto a la ley, cuando millones de dominicanos experimentan exactamente lo contrario cada vez que salen de sus hogares.
La realidad es dura y evidente. El tránsito dominicano continúa siendo uno de los más desorganizados y peligrosos de la región. La imprudencia, la falta de autoridad, el irrespeto a las señales y la debilidad institucional forman parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, uno de los problemas más sensibles y menos enfrentados con seriedad sigue siendo el crecimiento descontrolado del motoconcho.
Es justo reconocer que miles de motoconchistas realizan una labor útil y necesaria. En barrios populares, comunidades rurales y zonas urbanas congestionadas, representan muchas veces el único medio rápido y accesible para transportarse. Son trabajadores que buscan sustento digno para sus familias.
Pero también es imposible ignorar la otra cara de la realidad.
Gran parte de la población vive bajo temor debido a delincuentes que se camuflajean como motoconchistas para cometer atracos, perseguir ciudadanos, transportar armas o escapar rápidamente después de cometer hechos criminales. A esto se suma la circulación de muchos conductores sin identificación visible, sin placas, sin seguros, sin casco y, en algunos casos, bajo los efectos de sustancias controladas.
La pregunta entonces surge de manera inevitable: ¿dónde está la regulación efectiva del Estado? ¿Dónde están los controles permanentes? ¿Acaso el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre no percibe lo que ocurre diariamente en las calles dominicanas?
No basta con organizar cumbres, foros y conferencias internacionales si las autoridades no son capaces de enfrentar los problemas estructurales que afectan la seguridad vial y la convivencia ciudadana. La verdadera transformación no se logra con discursos técnicos ni campañas publicitarias; se construye con voluntad política, aplicación de la ley y decisiones responsables.
Regular el motoconcho no significa perseguir a los trabajadores honestos. Significa dignificar el servicio. Significa identificar a cada conductor, exigir formación básica, supervisar antecedentes, garantizar uso obligatorio de casco, chaleco numerado, placas visibles y controles periódicos. Significa proteger tanto al usuario como al propio conductor.
La seguridad vial también es seguridad ciudadana. Y mientras no entendamos esa relación, seguiremos atrapados entre cumbres llenas de promesas y calles dominadas por el desorden, el miedo y la improvisación.
