El estudio titulado “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la UASD, ofrece una radiografía desmitificadora sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Más allá de un simple reporte estadístico, el documento se erige como una sólida crítica de economía política que deconstruye la retórica institucional de la Ley 87-01. La tesis central del informe es tan transparente como alarmante: el Seguro Familiar de Salud (SFS) no opera como un garante del derecho fundamental a la vida, sino como un dispositivo neoliberal diseñado para transferir masivamente riqueza colectiva hacia el sector financiero y corporativo privado.
Los datos estadísticos del estudio exponen una distorsión distributiva que parece insostenible. En efecto, entre 2010 y 2024, el 80.5% del gasto total del SFS se orientó a prestadores privados, dejando a la red pública con una cuota marginal de apenas un 19.5%. Esta asimetría adquiere tintes de ilegalidad estructural cuando se examina el comportamiento del Senasa, el cual, según los investigadores, realizó pagos a clínicas privadas en este régimen que escalaron drásticamente del 21.0% en 2010 al 66.9% en 2024.
Esta transferencia negativa de recursos públicos, lejos de ser un fallo técnico, constituye una estrategia de desfinanciamiento inducido. Al privar a los hospitales del presupuesto que legítimamente les corresponde por ley, el sistema condena a la red estatal a la precariedad cronificada, reduciéndola a un rol residual de “servicios pobres para pobres”. Paradójicamente, el propio deterioro estatal se utiliza luego como la justificación perfecta para profundizar las contrataciones en el sector privado, consolidando un círculo vicioso de acumulación de capital corporativo.
La crítica más profunda del informe se dirige hacia las administradoras de riesgos de salud (ARS) privadas, catalogadas rigurosamente como estructuras rentistas de intermediación financiera. Para ilustrar esta afirmación, se ofrece el dato de que, entre 2007 y 2025, el costo social acumulado por estas entidades -entendido como la suma de sus beneficios netos y sus inflados gastos administrativos- ascendió a la astronómica cifra de RD$87,650.3 millones.
Los autores contextualizan este monto con mucha lucidez argumentando que estos recursos, extraídos de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y del presupuesto nacional, equivalen a cinco veces el presupuesto de Promese cal o a 40 veces el programa de salud materna y neonatal para 2025.
Como colofón, se asevera que la intermediación no añade valor médico real; su rentabilidad se sostiene sobre el imperio del “no le cubre”, una práctica sistemática de selección de población sana y restricción de coberturas que traslada el riesgo financiero y el sufrimiento directamente al bolsillo de las familias dominicanas.
La investigación deja una lección ineludible: cualquier reforma que intente salvar el sistema mediante parches cosméticos o el simple incremento de las cápitas solo servirá para engordar el negocio de la intermediación. El verdadero desarrollo y expansión del sistema de salud dominicano exige una transformación estructural que rescate a Senasa de la lógica mercantilista, unifique el Ministerio de Salud y devuelva a la medicina su carácter de derecho humano inalienable y pilar fundamental de la ciudadanía.
