La recién promulgada Ley 30-26, que contiene el plan fiscal anticrisis va mucho más allá que los enunciados hechos por el ministro de Hacienda y Economía para motivarla. Ese paquetito fiscal incluye aspectos de procedimiento legal que, incluso, hasta estarían violando sentencias judiciales previas en materia de litigios por reclamaciones de pagos de parte del fisco.
Tal vez, a sabiendas de eso, fue que el Gobierno procuró que su Congreso aprobada en tiempo récord esta normativa, aunque puede que haya perdido de vista las consecuencias que pudiera implicar el intento de aplicar una ley en desacato de sentencias judiciales.
Seguro que no faltarán los sometimientos de recursos inconstitucionales por algunos puntos de esa mini reforma fiscal que van más allá de amnistía, ajustes tributarios y otros puntos en procura de incrementar las recaudaciones del Estado. El debate no parece que será entre contadores públicos, sino entre abogados. Esperemos.
