La basura es uno de esos problemas que vemos todos los días y que pocas veces traducimos en números. Esta semana, el Congreso lo hizo por nosotros. El Senado de la República aprobó, mediante el procedimiento de urgencia y en dos lecturas consecutivas, una reforma a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos que rediseña la forma en que las empresas pagarán por el manejo de los desechos. La pieza pasa ahora a la Cámara de Diputados, de modo que aún hay margen para afinarla.
El corazón de la reforma es una contribución especial obligatoria. Se trata de un aporte anual escalonado en doce tramos según los ingresos brutos de cada empresa, que va desde RD$3,500 para las más pequeñas hasta RD$3,000,000 para las de mayor facturación. Alcanza a toda persona jurídica domiciliada en el país, cualquiera sea su régimen fiscal y perciba o no beneficios, con la única excepción de las organizaciones sin fines de lucro. Además, los montos se ajustarán cada año conforme a la inflación.
Conviene decirlo con claridad: el objetivo es válido. El país necesita un sistema de gestión de residuos financieramente sostenible, y el Fideicomiso DO Sostenible requiere recursos estables para funcionar. Quien haya visto un vertedero a cielo abierto sabe que el costo de no actuar es altísimo. La discusión, entonces, no es si financiar la gestión de la basura, sino cómo hacerlo bien.
Y es ahí donde el diseño deja preguntas.
La primera es de proporcionalidad. La contribución se calcula sobre ingresos brutos, no sobre los residuos que cada empresa efectivamente genera. Pero facturar más no significa contaminar más: una firma de servicios con altos ingresos puede producir muy pocos desechos, mientras que un negocio intensivo en empaques puede generar muchos con una facturación modesta. Si el propósito ambiental es que quien más residuos produce más contribuya, la base de cálculo debería acercarse a esa lógica.
La segunda es de equidad entre regímenes, y golpea de lleno a un sector clave de nuestra economía: las zonas francas. La ley ofrece, como atenuante, que el aporte sea deducible del impuesto sobre la renta. El detalle es que una deducción solo sirve cuando hay impuesto contra el cual aplicarla. Las empresas de zona franca, exentas del ISR bajo la Ley 8-90, no tienen contra qué deducir: para ellas el costo es el 100% del aporte, mientras que una empresa ordinaria recupera una porción por la vía fiscal. El supuesto alivio, para el exportador exento, simplemente no existe. No sorprende que la propia Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) haya advertido que la medida incide sobre la competitividad y el clima de inversión, dos de los activos que más nos ha costado construir.
La tercera pregunta es de proceso. La ley fue modificada por última vez en diciembre de 2025, apenas unos meses atrás. Volver a cambiarla por la vía de urgencia, sin un análisis técnico amplio ni consulta con los sectores que la ejecutarán y pagarán, erosiona la previsibilidad regulatoria que tanto valora la inversión. Gremios como la AIRD, la Asociación de Industriales de la Región Norte y la propia Pro-Competencia han pedido una revisión técnica antes de su aprobación, y legisladores de distintas bancadas han reconocido que los montos deben revisarse. Es justo señalar que no todos comparten la crítica: federaciones de comerciantes y de gobiernos locales respaldan la reforma por su impacto en las mipymes y en las finanzas municipales. Esa diversidad de voces es, precisamente, el argumento a favor de un debate más reposado.
Nada de esto exige rechazar la reforma. Exige mejorarla. La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de convocar una mesa técnica con el Ministerio de Medio Ambiente, el fideicomiso y el sector privado; de acercar la base de cálculo a la generación real de residuos; de dar un trato equitativo a los regímenes exentos para que el beneficio de deducibilidad no quede en letra muerta; y de evitar que se dupliquen cargas con obligaciones ambientales ya existentes.
La sostenibilidad ambiental y la competitividad no son objetivos enfrentados. Una contribución bien diseñada puede financiar un mejor manejo de los residuos sin penalizar a quien invierte y produce. Ese equilibrio está al alcance; basta con dedicarle, ahora sí, el tiempo técnico que una reforma de esta envergadura merece.
