“La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos”. Montesquieu
En nuestras dos entregas anteriores establecimos que una investigación especial no puede convertirse en una auditoría general ni atribuir responsabilidades por la simple coincidencia entre un hallazgo y el ejercicio de una función. Corresponde ahora resumir nuestra posición sobre el informe de la Cámara de Cuentas relativo al proceso Inabie-CCC-LPN-2021-0009.
Partimos de la convicción de que el control externo es indispensable y que el uso de los recursos públicos debe examinarse con rigor, de modo que toda irregularidad demostrada debe producir consecuencias. Pero la firmeza del control no dispensa del debido proceso.
A nuestro entender, el informe de mayo de 2026 desbordó el objeto de la investigación, mezcló actuaciones y períodos distintos y mantuvo conclusiones adversas sin ponderar suficientemente respuestas y documentos aportados por el Inabie. Así, deficiencias archivísticas, diferencias contables, retrasos documentales y decisiones de continuidad operativa fueron presentados como expresiones de una misma conducta irregular, trasladable a quienes ocuparon cargos durante los últimos siete meses examinados.
Sabemos que la ausencia de un documento puede revelar una debilidad archivística, pero no demuestra que el acto nunca existió, que alguien quiso ocultarlo ni quién provocó la omisión. Del mismo modo, los montos globales y las muestras estadísticas pueden señalar zonas de riesgo, pero la responsabilidad exige descender al proveedor, al contrato, a la factura, a la decisión y al funcionario correspondiente. También obliga, en una situación administrativa extremadamente compleja, considerar el esfuerzo de subsanación emprendido junto a los órganos rectores desde comienzos de enero de 2022.
Los hallazgos respondidos muestran que las diferencias entre raciones contratadas, matrículas y facturación no podían analizarse ignorando la movilidad escolar, la apertura de centros, las asignaciones provisionales, los contratos posteriores y las soluciones adoptadas frente a situaciones complejas. Esto es necesario repetirlo: las decisiones clave fueron tomadas con acompañamiento técnico de los órganos rectores y sobre la base de información imperfecta utilizada originalmente para adjudicar. El reajuste de precios tampoco puede reducirse a un pago arbitrario. Estuvo asociado a solicitudes de los suplidores, al equilibrio económico de los contratos, a un estudio de mercado de la Dirección de Planificación y a decisiones que debían examinarse caso por caso y proveedor por proveedor.
Parece razonable que cada instrumento pudiera ser evaluado y cuestionado, pero resulta inaceptable agruparlos como una masa indiferenciada sin determinar los responsables originarios de las autorizaciones, las causas que determinaron su necesidad perentoria, las normas que fueron vulneradas y el análisis frío pero objetivo de si el comportamiento produjo daño patrimonial, beneficio indebido o evitó la interrupción del servicio.
No podría perderse de vista que la gestión de Víctor Castro recibió un proceso diseñado, adjudicado y puesto en marcha por una administración precedente, enfrentando archivos inexistentes o incompletos, alrededor de 2,400 contratos sin firmar y la mayoría mal elaborados, actos contradictorios, cientos de suplidores sin pagar y graves debilidades en el Portal Transaccional. Como testigo de primera fila afirmamos que su desafío consistió en corregir aquel magno desorden sin dejar sin alimentos a cientos de miles de estudiantes.
Asumió con responsabilidad el deber de rectificar documentos, organizar expedientes, incorporar al oficial de cumplimiento, coordinar con los órganos rectores y rediseñar las nuevas contrataciones mediante procesos territoriales, criterios objetivos y mecanismos de evaluación más transparentes. Esas actuaciones obligan a distinguir entre subsanación y complicidad, entre la continuidad institucional y la prolongación de un estilo anterior marcado por prácticas altamente sospechosas.
Lo saludable es rectificar aquello que la evidencia contradice y separar con justicia el error, la irregularidad, el aprovechamiento y el esfuerzo de quien decidió poner orden.
