“Una onza de prevención vale una libra de cura”. Benjamín Franklin
Recordemos que en las dos entregas anteriores examinamos la composición utilizada para fijar el precio del GLP y los problemas relacionados con su medición, temperatura, masa y contenido energético. Sin embargo, resta una dimensión capaz de condicionar toda la decisión y ella es la seguridad.
Entre los técnicos existe una convicción ampliamente compartida: ninguna reducción de precio debería alcanzarse sacrificando los márgenes de seguridad exigibles.
Ya sabemos que el propano posee una presión de vapor mayor que el butano y que, por tanto, una mezcla con mayor proporción del primero ejerce, a igual temperatura, una presión superior.
Esta realidad física, bien conocida, no debe interpretarse como una advertencia alarmista dirigida a las autoridades ni, mucho menos, a los usuarios de este combustible. Tomado esto en cuenta, conviene recordar que el Reglamento Técnico Dominicano 69 está concebido para cilindros de acero aptos para butano y propano comercial, con presiones de trabajo de hasta 249 psi, ensayos hidrostáticos de 480 psi y pruebas de ruptura superiores a 960 psi. De este modo, un cilindro nuevo, correctamente fabricado y verdaderamente conforme con las especificaciones aplicables —y cuya conformidad haya sido evaluada por una entidad técnicamente competente— dispone, en principio, de márgenes importantes de seguridad.
El problema dominicano comienza cuando pasamos del cilindro diseñado al cilindro que realmente circula. Lamentablemente, en este país el mundo de las normas y los reglamentos continúa siendo más una aspiración que una realidad efectiva. Lo cierto es que en miles de hogares encontramos recipientes de 50 y 100 libras cuya edad, corrosión, espesor remanente, golpes, soldaduras, estado de las válvulas y cumplimiento de las pruebas periódicas desconocemos o, sin exagerar, muchos de ellos resultarían fuera de las condiciones aceptables de uso.
La misma incertidumbre alcanza a los tanques estacionarios de edificios, comercios e industrias, con una agravante evidente ya que, cuando falla uno de estos sistemas, no se compromete solo la seguridad de una vivienda aislada, sino la de decenas de familias y usuarios concentrados en un mismo lugar. No disponemos de evidencia pública suficiente para afirmar que la mayoría sea inservible, pero tampoco un censo confiable que permita asegurar lo contrario.
Una mezcla permitida puede tornarse peligrosa cuando coincide con sobrellenado, altas temperaturas, corrosión, válvulas de alivio defectuosas o certificaciones dudosas, y aquí aparece otro aspecto esencial, que es el nivel de llenado. El GLP líquido necesita espacio dentro del recipiente para expandirse cuando aumenta la temperatura —vivimos un momento crítico del calentamiento global—. Consecuentemente, un cilindro sobrellenado reduce peligrosamente ese margen y puede elevar la presión interna, particularmente si también existen deterioro del recipiente o fallas en los dispositivos de alivio.
¿Bastaría un troquel con la fecha de prueba? Lo importante es saber quién la realizó, con qué autorización, qué equipos y patrones utilizó, cuál presión aplicó, qué deformación permanente registró y qué destino recibió el cilindro rechazado. En este país de diabluras consentidas, es muy frecuente que los recipientes condenados regresen tranquilamente al mercado.
Por otro lado, una prueba hidrostática no sustituye la inspección de válvulas, reguladores, mangueras, sistemas contra incendios, distancias de seguridad y condiciones de instalación. Lo ideal es que — y así ocurre en los países desarrollados— la trazabilidad documental acompañe cada recipiente mediante un número de serie y una base de datos consultable. ¿Misión imposible sin el agente 007 en este país?
La propuesta de la UASD, si bien plantea preguntas incómodas, contribuye indudablemente a demostrar que el mercado del GLP necesita más transparencia, mejor metrología y una revisión de su estructura de precios. Con lo que no estamos de acuerdo es que se apruebe como un paquete indivisible sin tomar en cuenta que una cosa es transparentar facturas y composiciones, revisar cargos, transporte y medición, y otra bien diferente es modificar referencias sin estudiar suficientemente el estado real de los recipientes y las instalaciones que recibirán el combustible.
