La firma en servicios profesionales EY destacó su participación en el XVI Congreso Tributario, organizado por la International Fiscal Association (IFA) República Dominicana y la Asociación Tributaria de la República Dominicana (ATRIRD), consolidando su liderazgo en el debate de los temas de mayor trascendencia fiscal para la región.
Durante el encuentro, realizado en el hotel Embassy Suites by Hilton, los especialistas de la firma abordaron un riguroso análisis técnico sobre las implicaciones operativas de las reglas de sustancia económica para grupos multinacionales y los desafíos que plantea la tributación de los servicios y activos digitales en el contexto dominicano y latinoamericano.
En el marco del panel, titulado “Reglas de sustancia económica: retos e implicaciones fiscales para grupos multinacionales”, se enfatizó que la sustancia económica ha dejado de ser un concepto meramente teórico para transformarse en un requisito operativo real a la luz de la Acción 5 del Proyecto BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este sentido, los especialistas analizaron el impacto de la Ley 526 de 2026 en Panamá, la cual marca un hito regional al abrir el debate sobre si dicho país evoluciona hacia un modelo territorial condicionado por requisitos de sustancia económica.
Indican que esta normativa impacta directamente a numerosos grupos empresariales dominicanos con sociedades o estructuras patrimoniales en Panamá, obligándolos a reevaluar sus estructuras y qué tan alineadas están con la realidad de sus operaciones, pese al 15% sobre rentas pasivas de fuente extranjera.
Asimismo, la representación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aportó la visión oficial sobre la verificación de sustancia e intercambio de información y llamó a documentar oportunamente el sustento comercial de las operaciones, además de advertir sobre el riesgo de comprometer el acceso a los convenios de doble imposición suscritos con España y Canadá.
Esta sesión contó con la moderación de la socia de Tax & Law de EY y representante de IFA WIN-RD, Yakaira Pérez, así como con la ponencia de la senior manager de EY Panamá y líder de Tax Policy en EY Centroamérica, Darma Romero. Además, participaron la Territory TLS & BPO Lead Partner de PwC, Andrea Paniagua, y la subdirectora jurídica de la DGII, Juanita Canahuate, aportando una visión integral que conjugó las perspectivas del sector privado y la administración tributaria.
Por su parte, el panel 2 abordó la “Tributación de servicios y activos digitales en República Dominicana y Latinoamérica”, con la participación de Felipe Vargas por parte de EY, junto a José Galíndez, Eduardo Orellana y José Hernández. La ponencia contextualizó el debate con datos macroeconómicos clave del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la DGII, recordando que República Dominicana registra una presión tributaria del 14.7% del PIB, por debajo del promedio latinoamericano del 21.7%, una brecha de cumplimiento en el ITBIS del 36.5% y una penetración de internet superior al 90% de la población.
Los especialistas subrayaron que regular el comercio electrónico no busca imponer gravámenes punitivos contra la tecnología, sino aplicar el principio de neutralidad para asegurar que un mismo consumo pague impuestos equivalentes sin importar si el servicio es provisto por un comercio local o por una plataforma internacional.
Para ilustrar esta regulación, Felipe Vargas analizó casos prácticos cotidianos como las plataformas digitales de hospedaje turístico y de transporte, aclarando que mientras el servicio subyacente de alquiler permanente o transporte terrestre mantiene sus exenciones, la comisión por intermediación tecnológica sí se encuentra gravada con ITBIS.
Asimismo, EY analizó el reciente borrador de Norma General de la DGII sobre software y la Ley 30-26, explicando que la adquisición de propiedad intelectual no está sujeta a la retención del 15%, a diferencia del licenciamiento de uso y los esquemas de suscripción de arrendamiento de licencias en la nube (SaaS) pagados al exterior, los cuales sí quedan alcanzados.
Finalmente, en concordancia con las pautas del kit de IVA digital de la OCDE, el Banco Mundial, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los especialistas concluyeron que las propias plataformas digitales internacionales deben registrarse en un sistema simplificado como agentes de recaudación, instando a las empresas a revisar sus estructuras y contrataciones digitales para adaptarse a las nuevas tendencias de fiscalización internacional.
