En varios artículos he comentado La Tragedia de los Comunes, fenómeno tratado por el ecólogo Garrett Hardin en 1968. Se refiere al uso y sobreexplotación de los recursos naturales por individuos que buscan maximizar sus beneficios particulares, aun cuando ello termine perjudicando a toda la comunidad.
Es un dilema que enfrenta la libertad individual con la responsabilidad colectiva y demuestra que los bienes comunes -el medioambiente, el agua, los bosques, el espacio público, la seguridad e incluso determinadas instituciones- requieren reglas, vigilancia, cooperación y corresponsabilidad para evitar su deterioro. Cuando estas condiciones no existen, y prevalece la debilidad institucional y la impunidad, el resultado inevitable es la degradación de aquello que pertenece y beneficia a todos.
En esta ocasión, el World Biodiversity Forum 2026, celebrado en Davos en su cuarta edición, partió de una idea fundamental: la pérdida de biodiversidad ya no es solamente un problema ambiental o ecológico; es también un problema económico, social, sanitario y de seguridad para las sociedades. El foro tuvo como propósito analizar cómo detener y revertir la pérdida de biodiversidad hacia 2030, en línea con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal de las Naciones Unidas. Sin embargo, sus organizadores advierten que el mundo todavía no avanza al ritmo necesario para alcanzar esa meta. Ahí radica parte de la gravedad del problema: los intereses particulares continúan muchas veces imponiéndose sobre el interés colectivo y sobre la responsabilidad de los Estados, gobiernos e instituciones llamadas a proteger los recursos comunes.
Sobre este particular, la Dra. María Belen Gomez, de la Fundación Interamericana de Seguros, realizó un análisis muy profundo, planteando consideraciones que son dignas de comentar con mis lectores del mercado asegurador y, por qué no, con la sociedad en general. Ella aborda el seguro inclusivo para las minorías y plantea que la discusión ya no puede limitarse a quiénes están excluidos de la protección.
La pérdida de biodiversidad no es únicamente un problema biológico, ambiental o ecológico; se ha convertido en un problema económico, social, sanitario y de seguridad para las sociedades. Por eso, los seguros inclusivos ya no solo deben preguntarse a quiénes proteger, sino también frente a qué riesgos deberán hacerlo en un mundo que está cambiando aceleradamente. En este punto coincidimos: las MIPYMES y los sectores de menores ingresos son, generalmente, los más vulnerables frente a estos cambios y los que poseen menor capacidad para absorber las pérdidas.
Un planteamiento muy interesante de la Dra. Gomez expresa que la pérdida de biodiversidad modifica la producción, altera las cadenas de valor, incrementa la vulnerabilidad de millones de personas y redefine los riesgos económicos que enfrentan familias, empresas y Estados. Cuando desaparecen los polinizadores, por ejemplo, no solo se pierde diversidad biológica: se compromete la productividad de cultivos de los que depende una parte sustancial de la alimentación mundial. Cuando se degradan humedales, bosques o arrecifes, también desaparecen barreras naturales que reducen inundaciones, amortiguan tormentas, regulan el agua y sostienen actividades económicas enteras. En otras palabras, el deterioro de los ecosistemas termina transformándose en un incremento del riesgo que luego intentamos gestionar desde otros ámbitos, entre ellos el asegurador.
Es una reflexión muy atinada. Si los riesgos están cambiando, también debemos cambiar la forma en que los comprendemos, prevenimos y enfrentamos. La República Dominicana tiene una enorme vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos, pero al mismo tiempo posee una extraordinaria riqueza biológica, lo que nos coloca ante una doble responsabilidad: proteger nuestros recursos naturales y desarrollar mecanismos financieros que permitan proteger a quienes dependen de ellos. A esto se agrega una enorme brecha de protección aseguradora que debería preocuparnos. Tenemos, por tanto, un gran reto que debemos asumir con responsabilidad, abandonando la estrecha visión particular sobre la gestión del mercado asegurador y promoviendo una cultura más resiliente en el manejo de los recursos y de los riesgos.
Esta visión estrecha de considerar el seguro únicamente desde la perspectiva del negocio y de los beneficios particulares de los accionistas ya no parece suficiente. La degradación del medioambiente y de la sociedad constituye un riesgo que afecta al conjunto de la población y, por tanto, a todos los sectores productivos.
Debemos volver incluso al origen mismo del seguro: la cooperación entre personas y comunidades para enfrentar colectivamente aquellos riesgos que un individuo, por sí solo, no podía afrontar ni reparar. El seguro nació, en esencia, de la necesidad de compartir riesgos y protegerse mutuamente. Hoy, frente a la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la creciente vulnerabilidad social, ese principio adquiere una vigencia extraordinaria.
El mercado asegurador está, por tanto, compelido a mirar hacia dentro y a transformarse para responder adecuadamente a los nuevos riesgos. No se trata únicamente de vender más pólizas, sino de comprender mejor el riesgo, incentivar la prevención, desarrollar productos inclusivos, proteger a las MIPYMES y acompañar a las comunidades en la construcción de resiliencia. Si el deterioro de los recursos comunes incrementa los riesgos que posteriormente debemos asegurar, entonces la industria tiene también una responsabilidad en prevenir ese deterioro. La biodiversidad no es un asunto distante reservado a ambientalistas; es parte del patrimonio económico y social de la nación. Protegerla es también una forma de proteger nuestro futuro, nuestra economía y, desde luego, nuestro mercado de seguros.
