La diferencia entre la vida y la muerte para una víctima de violencia de género en República Dominicana muchas veces suele medirse en los pocos metros que separan la puerta de un hospital de una sala de audiencias.
Cuando «Juana» llegó a la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte (SDN), con graves heridas corporales, y con su agresor esperándola en los pasillos, la rápida intervención del equipo de salud mental evitó que se convirtiera en una estadística fatal más.
“Ella, en primera instancia, dijo que se había caído (…), pero al momento de ver que él todavía la estaba esperando, se echó para atrás y vino a decirnos lo que pasó realmente. Tuvimos que concientizarla sobre el riesgo de no denunciar y buscar que la policía se involucrara”, rememora a elDinero Lissett Mejía, psicóloga clínica de la Unidad de Psicotrauma del centro.
En esta unidad, alrededor del 45% de los casos que atienden de mujeres que llegan por emergencias con lesiones físicas son por violencia de género, entre 19 y 38 años, según Mejía.
En el país, cada 16 minutos se registra una llamada de emergencia por violencia doméstica contra una mujer. De acuerdo con datos obtenidos por elDinero a través del Portal de Acceso a la Información Pública (Saip), la red de emergencias se ha convertido, en muchos casos, en la primera y única línea de respuesta frente a una problemática que supera las 30,000 atenciones anuales.
Entre 2021 y julio de 2026, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 ha gestionado 308,462 emergencias de violencia doméstica, de esa cantidad el 59.3% correspondió a llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, con un total de 183,049 casos de peligro inmediato, mientras que 22,649 recibió atención prehospitalaria.
Solo en 2025, las emergencias por violencia de género ascendieron a 32,065 casos, mientras que a julio de 2026 la cifra se sitúa en 19,091 y la atención prehospitalaria supera las 2,000. Sin embargo, la atención hospitalaria no siempre logra convertirse en una barrera definitiva contra la violencia letal si carece de un engranaje interinstitucional de protección a largo plazo.
Un ejemplo fue el caso de la joven madre y abogada Anibel González en 2019. Al igual que entre el 70% y el 80% de las víctimas identificadas por la Organización Mundial de Salud (OMS) que pasan por una sala de emergencia, atención primaria o consultas ginecológicas antes del ataque definitivo, González ingresó al hospital con heridas graves en 2017.
Aunque el equipo médico le salvó la vida en camilla, el sistema judicial falló al evaluar el riesgo extremo registrado en sus antecedentes clínicos, permitiendo que su agresor la buscara dos años después para cometer el feminicidio. En su informe “Oportunidades pérdidas por los profesionales de la salud para prevenir el feminicidio”, la OMS indica que aproximadamente el 42% de las víctimas acudió al sistema de salud durante el mismo año en que fue asesinada.
Cuando las víctimas llegan a los centros sanitarios se enfrentan a una brecha estructural: la ausencia de mecanismos sistemáticos de detección provoca que fracturas, contusiones, trastornos de ansiedad o síntomas ginecológicos sean tratados únicamente desde una perspectiva clínica inmediata, sin explorar las causas de origen, coinciden, por separado, los especialistas en ginecología y obstetricia, Liliam Fondeur y Manuel Castillo Rodríguez, en entrevista a elDinero.
El doctor Manuel Castillo Rodríguez, especialista en salud sexual y enfermedades femeninas, sostiene que el país carece de las capacidades humanas necesarias para responder adecuadamente ante la violencia de género.
“Muchas veces, la víctima llega a una emergencia acompañada por su agresor. Acude con el argumento de un dolor o un malestar físico, pero en realidad está buscando ayuda. Sin embargo, el manejo de estos casos no está suficientemente socializado dentro del sistema de salud. Existe una falta de empatía que tiene relación con el tipo de formación que reciben muchos profesionales”, advierte Manuel Castillo Rodríguez.
El especialista agrega que el personal sanitario debe desarrollar la capacidad de identificar señales de alerta: “El personal médico, de enfermería y paramédico debe desarrollar la capacidad de identificar señales de alerta. Una paciente puede llegar por un dolor cualquiera, pero presentar moretones, quemaduras o signos evidentes de agresión. No se puede limitar la atención únicamente al motivo de consulta”, precisa.
En esa misma línea, la ginecóloga-obstetra Liliam Fondeur explica a elDinero que la agresión rara vez se manifiesta de forma explícita. “La violencia contra la mujer no llega al consultorio diciendo ‘soy violencia’; llega convertida en dolor, miedo, abandono y silencio”, expresa Liliam Fondeur a elDinero.
Tanto Liliam Fondeur como Manuel Castillo Rodríguez señalan que el sistema de salud dominicano debe asumir la violencia de género como una crisis de salud pública. Asegura que la mayoría de las mujeres no consulta expresando haber sido agredidas, sino por manifestaciones secundarias como dolor pélvico crónico, infecciones de transmisión sexual recurrentes, sangrados uterinos anormales, amenaza de aborto, parto prematuro, trastornos del sueño, ansiedad o depresión.
Brechas
La socióloga e investigadora del Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), Tania Alfonso, subraya que los principales cuellos de botella se derivan de un modelo de atención predominantemente biomédico y reactivo. Este se concentra en tratar la lesión física inmediata sin incorporar de forma sistemática la identifi-cación de la agresión, la evaluación del riesgo ni el seguimiento psicológico y social.
A este panorama se suma la limitada capacitación del personal de salud para reconocer indicadores no visibles de violencia, así como la escasez de equipos multidisciplinarios en las emergencias y en el primer nivel de atención.
“Las investigaciones también identifican una disponibilidad muy limitada de recursos fundamentales para la atención de estos casos: solo el 33.3% de las víctimas atendidas en centros de salud recibió un kit forense o anticoncepción de emergen-cia”, expresa Tania Alfonso a elDinero.
Esta situación deja a cerca del 70% de las víctimas en desprotección médica y ju-dicial dentro de los recintos de salud. Por un lado, priva a dos tercios de las mujeres de atención preventiva contra infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados; por el otro, la falta de recolección oportuna de muestras biológicas destruye la evidencia necesaria para que el Ministerio Público (MP) sostenga los casos en los tribunales, perpetuando la impunidad de los agresores.
Para la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, el principal reto radica en fortalecer la capacidad del sistema de salud para reconocer las señales de violencia. El servi-cio de salud pública representa un espacio estratégico para la detección temprana y la vinculación con las rutas de protección integral. En 2024, el Servicio Nacional de Salud (SNS) registró 4,738,214 consultas ambulatorias a mujeres, de las cuales 428,260 correspondieron a obstetricia, 330,331 a ginecología y 423,252 a medici-na general. En los últimos cinco años se han registrado alrededor de 362 feminici-dios.
Más allá de los servicios de urgencia, las consultas externas constituyen una puer-ta de auxilio fundamental. “Las señales aparecen cuando dejamos de mirar solo la enfermedad y empezamos a mirar a la mujer. Una paciente que evita el contacto visual responde con monosílabos, llora con facilidad, permanece en estado de alerta o cambia su actitud cuando entra su pareja al consultorio merece una eva-luación más profunda”, describe la especialista Liliam Fondeur.
De acuerdo con el informe “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres: Violencia de pareja (2013)”, elaborado por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja acuden a urgencias y atención primaria entre dos y tres veces más que aquellas que no sufren maltrato, presentando dolor crónico, depresión y trastornos psicosomáticos antes de sufrir agresión letal.
Asimismo, se observan indicadores cuando la pareja responde por la paciente, controla la conversación o insiste en presenciar el examen ginecológico. En el plano físico, la presencia de hematomas en muslos, brazos, espalda o senos, le-siones en distintas etapas de cicatrización o explicaciones inconsistentes con el examen clínico deben levantar sospechas de maltrato.
¿Y la Justicia?
En el ámbito judicial, entre 2021 y junio de 2025, el Ministerio Público (MP) recibió 108,736 denuncias por violencia de género, intrafamiliar o delitos sexuales. En 2025 se registraron 73,295 reportes, lo que representó un incremento interanual del 3.8% (2,734 denuncias adicionales), según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) obtenidos vía el Portal de Acceso a la Información Pública (Saip).
Por otro lado, entre enero y marzo de este año se reportaron 22 feminicidios, de los cuales solo tres víctimas habían denunciado formalmente amenazas de muerte. Esto implica que 19 mujeres no presentaron denuncia previa, evidenciando una desconexión con el sistema e incrementando la “cifra negra”. A nivel nacional, el 52.49% de las denuncias corresponde a violencia intrafamiliar y el 36.9% a violencia de género, acumulando entre ambas el 89.4% del total.
En la esfera judicial, la magistrada Sarah Veras precisó que la violencia de género constituye una prioridad institucional en el eje de justicia inclusiva (Visión Justicia 20/24), contemplando un abordaje diferenciado para mujeres, niñas, adultas mayo-res y personas con discapacidad.
La jueza de la Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo destacó que el Poder Judicial dominicano trabaja en mesas de análisis para adaptarse a estos desafíos, pero se requiere acción inmediata.
Añadió que la Escuela Nacional de la Judicatura sensibiliza a todos los actores sobre el trato hacia las víctimas y considera la interseccionalidad, reconociendo las múltiples dimensiones de vulnerabilidad que pueden enfrentar muchas mujeres víctimas de violencia de género.
Al respecto, la socióloga Alfonso señala la existencia de brechas estructurales entre la violencia ocurrida, la que llega a las instituciones y la que queda registrada.
Indica que el 81% de las agresiones sexuales no se denuncia, cifra que alcanza el 81.5% en niñas y adolescentes. Además, solo el 18.8% de las mujeres víctimas de agresión sexual se reconoce a sí misma como tal, debido a construcciones culturales que reducen la agresión sexual a hechos de violencia física extrema o penetración.
A esto se añade un problema de clasificación institucional. “Cuando la violencia ocurre dentro de la pareja o la familia, puede ser registrada como “violencia intrafamiliar”, lo que contribuye a ocultar o diluir la dimensión específica de la violencia de género”.
Alfonso señala que el subregistro estructural es producto de la falta de denuncia, el no reconocimiento del maltrato, el bajo acceso a servicios y las modalidades de clasificación. Asimismo, inciden barreras como miedo, vergüenza, culpa, normali-zación del maltrato, dependencia económica y temor a represalias.
El en terreno
El director general del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, doctor Víctor Rosario Suaso, indicó a elDinero que la Unidad de Psicotrauma está especializada en la identificación y seguimiento de pacientes afectados por traumas y violencia. Al detectar indicios de violencia de género, se activa un protocolo que involucra a las áreas de seguridad y jurídica del centro, coordinando con el Ministerio Público y entidades como el Centro de Atención Integral para la Mujer (Cedi-Mujer).
La psicóloga clínica Yamel Vásquez confirma esta realidad operativa. “Muchas veces las víctimas sienten miedo porque el agresor está en el hospital o en la casa o, porque no tienen los recursos y es él quien trae el dinero al hogar. Eso pasa por la dependencia económica y emocional”, expresa a elDinero.
Vásquez explica que el protocolo para víctimas de violencia de género que ingresan a urgencias en el Ney Arias Lora (frecuentemente trasladadas por el 9-1-1) inicia tras el triaje y la atención médica primaria.
El personal médico notifica a la Unidad de Psicotrauma, cuyos profesionales acuden a la cama de la paciente para brindar contención emocional, evaluar el riesgo y detectar agresiones no manifestadas por temor. Tras estabilizar la crisis, las psicólogas orientan a la víctima sobre el procedimiento legal, coordinan con el área de seguridad e involucran a las autoridades para formalizar la denuncia, canalizando el caso hacia consultas de seguimiento.
No obstante, los datos de la Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM-2018), elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), revelan que en el país el 98% de las víctimas de violencia de género no denuncia, ya que el temor a las consecuencias del proceso suele ser mayor que el miedo al agresor.
Alto costo
El doctor Rosario Suaso explicó que, si bien las lesiones por riñas representan menos del 18% de las atenciones en el Ney Arias, una parte corresponde a violencia de género. Estas agresiones suelen requerir intervenciones quirúrgicas complejas y estancias prolongadas cuyos costos no son cubiertos por las administradoras de riesgos de salud (ARS), recayendo sobre el presupuesto público.
“Un paciente con una herida de bala y una fractura de fémur puede representar entre 300,000 y 400,000 pesos para el hospital. Si requiere cuidados intensivos, el costo aumenta considerablemente”, sostuvo Rosario.
A nivel macroeconómico, los datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) reflejan una marcada desproporción entre el gasto ejecutado en atención reactiva y la inversión en prevención. El economista Jesús Geraldo Martínez detalló a elDinero que, entre enero y mayo de 2026, el Gobierno central ejecutó RD$561.0 millones en programas de equidad de género y erradicación de la violencia machista.
El Presupuesto General del Estado 2026 (Ley 99-25) asigna al Ministerio de la Mujer RD$1,258 millones, equivalente al 0.0721.84 billones). Al considerar la totalidad del gasto etiquetado en equidad de género entre todas las instituciones (RD$2,456 millones), la cifra representa el 0.14% del presupuesto.
Jesús Geraldo Martínez advierte: “Se ha dicho que el programa representa menos del 1% del gasto nacional, y es cierto, pero es una descripción generosa: no llega ni a la décima parte del 1%”, lamentó Martínez. Para fines comparativos, citó que entidades como la Junta Central Electoral (JCE) recibió 8.6 veces más recursos y el Ministerio de Justicia 3.3 veces el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer.
Esta brecha contrasta con la extensión del fenómeno. El MP registró en 2025 más de 73,000 denuncias, mientras que la encuesta ENESIM (ONE) determinó que el 41.8% de las mujeres ha sufrido violencia de pareja. Pese a que se registraron 62 feminicidios al 3 de septiembre de 2026, el esquema institucional mantiene una falencia de diseño.
El consultor financiero subrayó que “un sistema cuya puerta de entrada es la denuncia no ve a la inmensa mayoría de las víctimas”.
Esta premisa se sustenta en las declaraciones de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien reveló que el 90% de las víctimas de feminicidio no había presentado denuncia previa.
Mientras que el gasto ejecutado prioriza los servicios administrativos (43%) sobre la prevención (28%), estimaciones de la OMS indican que el costo económico de la violencia contra la mujer oscila entre el 1% y el 6% del producto interno bruto (PIB). Aplicado al PIB implícito nacional (RD8.68 billones),el escenario más conservador(186,800 millones anuales, cifra 69 veces superior al presupuesto del Ministerio de la Mujer.
“La lógica económica es perversa: la respuesta es gasto corriente que crece con el problema, más casas, más fiscales, más cárceles, mientras la prevención es inversión que lo reduce durante décadas”, sentencia Martínez.
Desde la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría, su titular Ana Andrea Villa, enfatiza a elDinero que la agresión machista impone secuelas emocionales sobre la familia y un elevado costo económico al Estado.
Asimismo, la representación fiscal señala que los agresores sufren la pérdida de libertad y estabilidad. Según datos de la PGR, entre 2025 y junio de 2026, al menos 94 niños quedaron en orfandad a causa de feminicidios.
En relación con el impacto familiar, el psicólogo Ricardo Pichardo explica que la violencia intrafamiliar opera como un detonante directo del embarazo adolescente y las uniones tempranas, donde las jóvenes recurren a la convivencia en pareja a temprana edad como mecanismo de escape frente a entornos familiares hostiles.
Fragmentación de la ruta
La investigadora del Cipaf sostiene que la respuesta del Estado se mantiene fragmentada. Afirma que Salud, Justicia y los sistemas de emergencia no operan como una red integrada capaz de evaluar trayectorias de riesgo antes de un desenlace fatal.
En el plano sanitario, no existe un mecanismo de derivación obligatoria desde la atención médica hacia los servicios de protección legal y psicológica. Asimismo, la omisión en la notificación hospitalaria y la demora en la entrega de informes médicos dificultan las investigaciones penales, afirma la procuradora fiscal en la Unidad de Atención a la Violencia de Género en Cedi-Mujer, Gilsa Cuello, quien explicó a elDinero que la ausencia de insumos periciales debilita la fundamentación acusatoria ante los plazos procesales.
“Por ejemplo, si recibe a una persona con una extremidad enyesada, un ojo cubierto, un cuello ortopédico o en silla de ruedas, puede describir las condiciones y lesiones que objetivamente observa, pero para determinar determinadas secuelas, tiempo de curación o compromiso funcional será necesario contar también con los estudios e informes de los médicos especialistas tratantes. Tanto en la fundamentación de la acusación como en la propia calificación jurídica de los hechos”, indicó Cuello.
Para corregir estas limitaciones, el modelo multidisciplinario de Cedi-Mujer integra atención médica, legal, psicológica y social en un mismo espacio. Cuello destacó que “este modelo es integral, lo que facilita que las distintas áreas trabajan de manera integrada, permitiendo una comunicación más directa entre el Ministerio Público y los profesionales que intervienen en la atención y evaluación de las víctimas”.
No obstante, la magistrada aclaró que la respuesta en la red sanitaria es heterogénea y desigual. “Desde mi experiencia, no hablaría de un incumplimiento generalizado, sino de una aplicación desigual de los protocolos dependiendo del centro de salud”, señaló la procuradora.
En ese sentido, el director Rosario reconoció que la salud mental presenta un déficit histórico de personal en el sector público. “Se han dado pasos importantes, pero aún hacen falta más psicólogos, psiquiatras y personal capacitado para responder adecuadamente a la demanda existente”, enfatizó el doctor.
A esto se suma la necesidad de consolidar sistemas de información estadística. El funcionario señaló que “lo que no se mide no se puede resolver”. Solicitudes de información remitidas por elDinero al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Servicio Nacional de Salud (SNS) vía el Saip no habían sido completadas a la fecha de publicación.
Actualmente, Salud Pública respalda la atención a víctimas mediante resoluciones y protocolo obligatorio. Sin embargo, la aplicación práctica encuentra resistencias. La ginecóloga-obstetra Fondeur explica que “muchos médicos prefieren no involucrarse porque se sienten vulnerables, temen represalias del agresor y no confían en que el sistema responderá para proteger a la mujer ni al profesional que activa la ruta de protección. Cuando una mujer denuncia y aún así termina asesinada, el mensaje que recibe el personal sanitario es que el sistema no siempre logra protegerla”.
La desconexión se refleja también en los indicadores del Poder Judicial: entre enero y marzo de 2026 se emitieron 7,644 órdenes de protección provisionales, pero solo 2,730 llegaron a los tribunales y apenas 2,234 fueron otorgadas. En el mismo período fallecieron 22 mujeres por feminicidio, de las cuales 19 no contaban con denuncia previa.
En esa misma línea, la presidenta de la Asociación de Psicólogos de la Salud (Asopsalud), María de los Santos, propuso nombrar al menos 8,000 psicólogos en los tres niveles de atención del sistema de salud pública (donde a octubre de 2025 el SNS reportó 1,028 psicólogos, 146 psiquiatras y 77 residentes).
“Hay un déficit de 8,000 psicólogos. En salud solo hay nombrados 1,113. Por eso hay que fortalecer la atención psicológica desde el primer nivel hasta los hospitales para la detección temprana, intervención y protección integral a las víctimas”, así como seguimiento a las sobrevivientes”, dijo.
