El sistema hospitalario dominicano enfrenta limitaciones que dificultan la detección temprana de los casos de violencia contra las mujeres, una situación que, según investigaciones del Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), reduce las posibilidades de activar mecanismos de protección antes de que la violencia escale.
Así lo afirmó la socióloga e investigadora de Cipaf, Tania Alfonso, en entrevista con elDinero, al señalar que uno de los principales obstáculos es que la atención continúa enfocada principalmente en tratar las lesiones físicas inmediatas.
“Los principales cuellos de botella están relacionados con un modelo de atención predominantemente biomédico y reactivo, que tiende a concentrarse en tratar la lesión física inmediata, sin incorporar de manera sistemática la identificación de la violencia, la evaluación del riesgo y el seguimiento psicológico y social de las mujeres”, explicó Alfonso.
La investigadora indicó que esta situación se combina con una limitada capacitación del personal sanitario para identificar señales de violencia de género más allá de las lesiones visibles y con la ausencia de equipos multidisciplinarios que puedan brindar acompañamiento psicológico oportuno.
Además, destacó que las investigaciones de Cipaf identifican una baja disponibilidad de recursos esenciales para atender estos casos. Según los hallazgos citados, “solo el 33.3% de las víctimas atendidas en centros de salud recibió un kit forense o anticoncepción de emergencia”.
Brecha
Alfonso advirtió que existe una diferencia significativa entre los hechos de violencia que ocurren, los que llegan a los servicios de salud y aquellos que finalmente quedan registrados de manera oficial.
“Aquí debemos ser cuidadosas con la cifra. Las investigaciones de Cipaf no permiten establecer un porcentaje específico del subregistro correspondiente exclusivamente a las agresiones que ingresan por las emergencias públicas”, precisó.
No obstante, afirmó que los estudios evidencian una brecha importante en la identificación y documentación de estos casos. “Lo que sí muestran es que existe una brecha considerable entre la violencia que ocurre, la que llega a los servicios y la que finalmente queda reconocida y registrada institucionalmente”, señaló.
Entre los indicadores citados por la investigadora figura que el 81% de las agresiones sexuales no se denuncia, mientras que entre niñas y adolescentes la cifra alcanza el 81.5%. Asimismo, indicó que apenas el 18.8% de las mujeres que sufrieron agresiones sexuales se reconoce a sí misma como víctima.
A esto se suma, explicó, un problema de clasificación institucional que puede invisibilizar la dimensión específica de la violencia de género cuando los casos son registrados bajo otras categorías.
“Los resultados apuntan a un subregistro estructural, producido por la no denuncia, la falta de reconocimiento de la violencia, la baja llegada a los servicios y las formas en que los casos son clasificados institucionalmente”, sostuvo.
Respuesta institucional fragmentada
La investigadora también cuestionó la articulación entre el sistema de salud, el Ministerio Público y los organismos de emergencia para responder de forma preventiva ante situaciones de riesgo.
“El principal problema identificado es que la respuesta institucional continúa funcionando de manera fragmentada y reactiva”, afirmó.
Explicó que una de las principales debilidades es la falta de mecanismos que conecten la atención médica con los servicios de protección y justicia. “Una mujer puede salir del hospital con su lesión física tratada, pero regresar al mismo entorno donde se encuentra el agresor”, advirtió.
Alfonso señaló que profesionales entrevistados durante las investigaciones reportaron situaciones en las que, aun cuando desde los centros de salud se identifican amenazas graves o posibles casos de abuso, la responsabilidad de continuar el proceso recae sobre la propia víctima.
“Cuando desde los servicios de salud se identifica un caso de abuso o una amenaza directa de muerte y se notifica a las autoridades, la respuesta puede consistir en indicar que la propia paciente debe trasladarse a la Fiscalía para presentar la denuncia”, indicó.
A su juicio, el desafío principal no es la existencia de protocolos, sino garantizar que las alertas generadas en los centros de salud desencadenan respuestas coordinadas de protección y seguimiento.
Mujeres rurales enfrentan mayores barreras
La investigadora advirtió que las limitaciones del sistema afectan con mayor intensidad a las mujeres de zonas rurales y de menores ingresos, quienes enfrentan obstáculos adicionales para acceder a atención médica especializada, servicios psicológicos y protección judicial.
“La desigualdad territorial y económica multiplica las barreras que ya enfrentan las mujeres en situación de violencia”, expresó Alfonso al indicar que factores como las largas distancias, los costos de transporte y la limitada disponibilidad de servicios especializados dificultan el acceso a una atención integral.
“La situación es particularmente crítica en salud mental. El acompañamiento psicológico sostenido es muy limitado en el sistema público y esta carencia se profundiza en las comunidades rurales”, afirmó.
Asimismo, señaló que muchas mujeres no logran completar los procesos de atención especializada debido a restricciones económicas. “Incluso cuando el personal de salud identifica la necesidad de atención especializada y refiere a la mujer a otro centro, esta puede no acudir simplemente porque no tiene dinero para el transporte o para los medicamentos”, indicó.
Una oportunidad para prevenir la violencia
Para Alfonso, las investigaciones de Cipaf, muestran que el problema va más allá del momento en que una mujer llega a una emergencia hospitalaria. Lo preocupante, sostuvo, es que el sistema pierde oportunidades para identificar situaciones de riesgo y activar mecanismos de protección.
“El problema no es únicamente que una mujer llegue tarde al hospital. El problema es que el sistema puede tener múltiples oportunidades para detectar una situación de violencia y riesgo, pero esas oportunidades no necesariamente se convierten en acciones de protección”, afirmó.
En ese sentido, consideró que las emergencias hospitalarias deben convertirse en un punto clave para prevenir la escalada de la violencia. “La emergencia hospitalaria debería ser vista como una ventana de oportunidad para prevenir una escalada de violencia, no solamente como el lugar donde se sutura una herida o se trata una lesión”, puntualizó.
Esta entrevista forma parte del reportaje: “Del hospital a los tribunales: las grietas del sistema sanitario ante la violencia de género en RD”, publicado en elDinero, en septiembre de 2026.
