La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa) alertó este lunes sobre los impactos económicos y sociales dirivados de la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, una medida que elimina el régimen arancelario especial del arroz para cumplir con el desmonte total previsto en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
Animpa consideró que esta decisión representa un momento crucial para el futuro de la producción arrocera nacional, y afirmó que, un colapso de esta industria conllevaría a la desestabilización de todo el sector agropecuario, poniendo en riesgo la economía rural y la seguridad alimentaria del país.
La asociación hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, y al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, ha que impulsen, con carácter de urgencia, un proceso de diálogo, concertación y planificación estratégica que permita enfrentar los desafíos de la apertura comercial, sin comprometer la seguridad alimentaria, la estabilidad económica de los productores ni el bienestar de los dominicanos.
“El arroz no es simplemente un producto agrícola; constituye uno de los principales alimentos de la canasta básica familiar, una fuente esencial de empleos rurales y un pilar estratégico de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación”, resaltó la directiva de Animpa.
En ese sentido, la asociación advierte que una apertura comercial sin mecanismos efectivos de acompañamiento, financiamiento y fortalecimiento productivo podría generar condiciones de competencia desfavorables para los agricultores dominicanos, con repercusiones sobre las factorías, los transportistas, los trabajadores agrícolas, los proveedores de insumos y las comunidades cuya economía depende de este importante cultivo.
La entidad que representa a empresas vinculadas a la importación y comercialización de fertilizantes, soluciones fitosanitarias y otros insumos agrícolas, destacó que el sector arrocero constituye un componente fundamental de la actividad económica agropecuaria nacional.
Afirmó que una reducción de las áreas sembradas, de la rentabilidad de los productores o de la inversión agrícola podría afectar directamente la demanda de fertilizantes, productos para la protección de cultivos, tecnologías agrícolas y servicios técnicos especializados. La asociación indicó que esta situación no solamente comprometería la sostenibilidad de las empresas vinculadas al suministro de insumos, sino también los avances alcanzados en productividad, modernización y transferencia tecnológica hacia el campo dominicano.
Ante este escenario, Animpa propuso al Gobierno dominicano convocar una mesa nacional de diálogo y concertación que integre a las autoridades, productores arroceros, industriales, asociaciones agropecuarias, importadores de fertilizantes y protección de cultivos, entidades financieras y demás actores de la cadena de valor.
Asimismo, Animpa respaldó al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y propuso crear un plan nacional de fortalecimiento y competitividad del arroz. De acuerdo con Animpa, este plan prevé medidas inmediatas como apoyo financiero y control de importaciones; a mediano plazo, inversión en riego y tecnología; y a largo plazo, una política estatal de innovación y evaluación comercial bajo el DR-Cafta.
La entidad advirtió que la seguridad alimentaria debe estar por encima de la incertidumbre y dijo que depender en exceso de importaciones aumenta la vulnerabilidad ante crisis internacionales. “Proteger la producción arrocera equivale a cuidar al consumidor, preservar empleos rurales y garantizar el abastecimiento, por lo que respaldar al productor nacional resulta fundamental para la economía del país”, dijo.
Finalmente, la asociación exhortó al presidente Luis Abinader y al ministro Espaillat a liderar un gran acuerdo nacional que devuelva la paz y la confianza al campo. Animpa reiteró su disposición de participar en mesas técnicas para convertir los desafíos comerciales en oportunidades de modernización y asegurar la estabilidad de la agricultura dominicana.
