El plazo para que las micro y pequeñas empresas, así como de los contribuyentes no clasificados (personas físicas) se acojan a la facturación electrónica vence el próximo 15 de noviembre. Ante la cercanía de esta fecha, representantes del sector empresarial consideran necesario que la implementación tome en cuenta las condiciones económicas, tecnológicas y operativas de los negocios más pequeños.
Así lo expresó Luis Miura, representante del sector industrial de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), quien explicó a elDinero que la transformación digital debe contribuir a mejorar la productividad, fortalecer la competitividad y promover la formalización, en lugar de convertirse en una carga adicional que comprometa la sostenibilidad de las empresas.
Miura manifestó su respaldo a la facturación electrónica por considerar que constituye un avance hacia la modernización, la transparencia y la eficiencia del sistema tributario dominicano. Sin embargo, advirtió que su implementación debe desarrollarse de manera compatible con las posibilidades reales de las empresas.
“Nos preocupa que el vencimiento del plazo establecido encuentre todavía a una cantidad significativa de contribuyentes sin las condiciones para cumplir con esta obligación”, destacó.
Ante este escenario, consideró indispensable que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presente un balance actualizado sobre la incorporación de los contribuyentes al sistema, que permita identificar cuántos todavía necesitan orientación, asistencia técnica y acompañamiento para completar el proceso.
Período de adaptación
Entre las alternativas planteadas por el representante empresarial figura evaluar mecanismos de transición y períodos de adaptación sin sanciones para los contribuyentes que demuestren estar realizando esfuerzos concretos para incorporarse a la facturación electrónica, siempre dentro de lo permitido por el marco legal.
El representante de Codopyme explicó que la transición supone desafíos para muchas empresas, especialmente por los costos de inversión tecnológica, la adecuación de sus sistemas de facturación y la capacitación del personal.
Por esta razón, insistió en que la posición del sector no es oponerse a la medida, sino procurar que su aplicación sea ordenada, inclusiva y proporcional a las capacidades de cada negocio.
Miura añadió que el éxito de esta transformación no debe medirse únicamente por el cumplimiento de una fecha límite, sino también por la capacidad del Estado para lograr que la mayor cantidad posible de contribuyentes pueda incorporarse efectivamente al sistema.
En ese sentido, indicó que desde el comité Mipyme, TIC y Financiero de Meta 2036 están dedicando esfuerzos para contribuir a que este proceso de modernización pueda concretarse sin comprometer la sostenibilidad de las empresas.
