“Nadie debería gastar los recursos de todos sin demostrar que producen los resultados que esperamos”. –El autor
La exigencia planteada en la entrega anterior nos enseña que los recursos no solo deben llegar al sistema, sino ser traducidos efectivamente en mejores condiciones para aprender, permanecer en la escuela y desarrollar las capacidades que este mundo de sorprendentes avances tecnológicos demanda. Siendo ello una obviedad, un hecho extremadamente notorio, resulta que buena parte de nuestras complacencias administrativas inicia precisamente cuando dejamos de exigir esa comprobación vital, o cuando deliberadamente la ignoramos.
La Dirección de Presupuesto y el MEPyD han delimitado con excelencia técnica la diferencia entre la ejecución, que es lo que consume o gasta un organismo cualquiera, y la calidad del gasto, que esconde la exigencia de demostrar cuáles fueron los logros alcanzados con la primera. En nuestra Administración actual no es para nada extraño encontrar enormes distancias entre un concepto y otro, al margen de que las memorias y los informes parezcan obras de finos artesanos y de que sobre las cifras presentadas lluevan las felicitaciones.
Hicimos mucho ruido con los resultados de PISA 2025, y la realidad es que el panorama presentado para nuestro país permite apreciar que estamos ante un desafío mayúsculo, sin ánimo de exageración. Obtuvimos 339 puntos en matemáticas, frente a un promedio de 463 en los países de la OCDE; 346 en lectura, frente a 461, y 361 en ciencias, frente a 482.
Como puede deducirse fácilmente, estamos hablando de brechas superiores a cien puntos en las tres áreas evaluadas, incluso respecto del promedio de esos países. Pero hay más. El informe revela que apenas el 9% de los estudiantes evaluados alcanzó al menos el nivel básico de competencia en matemáticas; en lectura lo logró el 23% y en ciencias, el 26%. ¡Nueve de cada diez quedaron por debajo de ese umbral en matemáticas y tres de cada cuatro en lectura y ciencias! Vale la pena hacer énfasis en que no es suficiente ejecutar el presupuesto educativo.
Obviamente, sería analíticamente inaceptable atribuir las deficiencias del aprendizaje a una partida presupuestaria del Ministerio de Educación y, mucho menos, al Inabie. En todo caso, esas deficiencias deberían obligarnos a examinar cómo contribuye cada componente del sistema a superarlas, una exigencia respaldada por el Banco Mundial y el BID (2024) al reclamar mejores resultados con los recursos disponibles, haciendo hincapié en las intervenciones dirigidas a los estudiantes más desfavorecidos.
Precisamente es en este olvidado intersticio de la calidad educativa donde el 4% del PIB destinado a la educación encuentra su prueba más difícil.
Recordemos que lograr ese porcentaje fue una verdadera batalla mediática, acompañada de juiciosos razonamientos de especialistas y grupos organizados. Pero, como muestran los resultados, solo ganamos una batalla; quedó pendiente lograr que tanto dinero produzca la educación de calidad demandada por los grandes desafíos de la época. Obviamente, que nadie se engañe, ello exigirá enfrentar estructuras, intereses y hábitos administrativos clientelares que sería iluso esperar que desaparecieran con una decisión presupuestaria o de planificación institucional.
En este sentido, insistimos en la persistencia de la perniciosa práctica de utilizar el empleo público como prolongación del sistema político, aunque debemos aclarar que el peso de las remuneraciones no demuestra, por sí mismo, clientelismo ni justifica despidos indiscriminados. Todo el personal de un centro escolar que resulte necesario para la continuidad y calidad del servicio educativo debe ser preservado, fortaleciendo permanentemente sus competencias y habilidades. La cuestión central no es que determinado personal pueble más de 7 mil centros educativos, sino verificar cuál es su verdadera contribución al aprendizaje y al bienestar del estudiante.
Insistimos en que el presupuesto es la política educativa expresada en pesos; por tanto, no debemos permanecer varados en la discusión sobre cuánto dinero recibe Educación. Giremos la rueda hasta precisar quiénes son los responsables de su destino, dónde se administra, quiénes deben responder por sus resultados e impactos y si esos miles de millones de pesos fortalecen el poder efectivo de la escuela para atender sus necesidades.
