La renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, tras las protestas públicas y la pérdida de apoyo del oficialismo por la quiebra de Ueno Bank, puso al país en el centro de la atención internacional y subrayó sus persistentes debilidades institucionales y de gobernanza.
Así lo establece un análisis de Moody’s Ratings, que califica a Paraguay en Baa3 con perspectiva estable, señalando que no espera un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano del país, respaldado por un fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja, de alrededor del 38% del producto interno bruto (PIB).
El 5 de noviembre, Peña anunció su renuncia en medio de la crisis generada por la quiebra del banco, pero el Congreso la rechazó y, en cambio, inició un juicio político contra el mandatario por sus vínculos personales con la entidad financiera, lo que abrió un nuevo capítulo de incertidumbre política en el país sudamericano.
Sin embargo, la agencia advirtió que los acontecimientos ponen de relieve debilidades institucionales relacionadas con un largo historial de muy débil control de la corrupción y limitada efectividad gubernamental. A su entender, estos factores siguen lastrando la calidad crediticia del país a pesar de su solidez macroeconómica.
La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que había sometido a Ueno a un proceso de resolución porque su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo regulatorio, tras los ajustes a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
A septiembre, Ueno representaba el 8% de los créditos y el 9% de los depósitos del sistema financiero paraguayo, por lo que su quiebra es negativa para el sistema bancario y pone de relieve deficiencias de gobernanza y supervisión. Sin embargo, Moody’s espera que los riesgos sistémicos se mantengan contenidos mediante un proceso de resolución rápido y ordenado.
En materia fiscal, la agencia indicó que, si bien la quiebra genera un pasivo contingente para el gobierno, los costos fiscales directos parecen limitarse al posible apoyo de liquidez del BCP al fondo de garantía de depósitos, ya que el uso del fondo para iniciar el reembolso no implica un costo fiscal inmediato.
El BCP ha indicado que alrededor del 97% de los depositantes estaría totalmente cubierto por el fondo de garantía, que a septiembre de 2026 contaba con una liquidez de US$1,600 millones, equivalente a aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de Ueno, lo que reduce el riesgo de un impacto fiscal mayor.
La crisis también generó inquietud pública sobre la independencia supervisora del BCP, cuyo presidente, Carlos Carvallo, quien anteriormente se había desempeñado como presidente de Financiera Ueno, la entidad predecesora de Ueno, renunció tras la quiebra, mientras legisladores denunciaron un presunto uso indebido de fondos previsionales y posibles encubrimientos institucionales.
Moody’s sostuvo que estos hechos confirman la calidad relativamente débil de las instituciones paraguayas, mitigada por una mayor efectividad de las políticas fiscal y monetaria, y recordó que las puntuaciones del país en los indicadores mundiales de gobernanza, en efectividad gubernamental, control de la corrupción y Estado de derecho, se sitúan sistemáticamente en el percentil 25 o por debajo entre los soberanos que califica, por debajo de la mediana de sus pares con calificación Baa.
