El miércoles 21 de octubre, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) reunió a autoridades, puestos de bolsa, académicos y comunicadores en el seminario “Protección al Inversionista”. Esa mañana también lanzó el “Compromiso por una Publicidad Responsable”, una iniciativa para que el sector comunique mejor lo que vende.
El supervisor monetario de Paraguay detectó en abril que Ueno Bank prestaba de más a empresas de sus dueños, y el banco cerró en noviembre. Las reglas dominicanas sobre estos préstamos son más exigentes en varios puntos y más laxas en otros, y dejan vacíos que, a mi parecer, pueden cerrarse por reglamento.
El 3 de noviembre, Víctor González, cliente de Ueno Bank, fue a la sede central a preguntar por sus ahorros. Horas antes, el Banco Central del Paraguay (BCP) había decidido cerrar esa entidad con más clientes en el país: 2.94 millones, de 6.1 millones de habitantes, según EFE.
La causa oficial fue la falta de capital. Por cada 100 que un banco presta o invierte, la ley paraguaya le exige al menos 12 de capital propio, dinero de los dueños que absorbe las pérdidas antes que los ahorristas. Según el periódico La Nación de Buenos Aires, en las inspecciones previas al cierre la solvencia de Ueno había caído a 5.56.
Aquí importa otra cosa: el supervisor paraguayo tenía las normas y conocía el exceso de préstamos a los dueños más de seis meses antes del cierre. A mi juicio, las reglas dominicanas son más exigentes en varios puntos y más laxas en otros, y dejan vacíos que casi todos pueden cerrarse por reglamento.
Préstamo y distinto deudor
En un banco casi todo el dinero es de los depositantes. Si el dueño lo presta a sus empresas y sale bien, gana él. Si sale mal, pierden los ahorristas o el fondo de garantía. Por eso se limitan los préstamos a los vinculados: accionistas, directores, familiares y sus empresas.
Paraguay les pone un límite de 20% del capital de los dueños: con 100 de capital de los dueños, un banco no puede prestarles más de 20.
A fines de abril, los técnicos del BCP comprobaron que tres grupos relacionados con los dueños habían recibido préstamos por US$123 millones, casi un tercio del capital, según La Nación de Paraguay. El 5 de junio el BCP notificó al banco, y el 15 este vendió préstamos de esos grupos a Vinanzas, empresa de los mismos accionistas, por US$74.4 millones. Según el mismo diario, Vinanzas pagó con préstamos del propio Ueno. Si se confirma, chocaría con una norma del BCP de 2024 que prohíbe financiar esas compras.
El exceso desapareció de los reportes, pero el dinero seguía prestado al mismo grupo, ahora a nombre de otra empresa. En julio, un informe citado por ABC Color ordenó contar otra vez a esos tres grupos como vinculados. Según la Asociación de Bancos del Paraguay, el banco también sacaba dinero con pagos adelantados a proveedores del grupo (propiedad de los mismos dueños), que no se cuentan como préstamos.
Fondos atados al grupo
Ueno AFPISA (Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A.) es una entidad que manejaba dos fondos cuyo dinero la ley separa del suyo. Según la Superintendencia de Valores, tenían depósitos e inversiones en el banco. Según Revista Plus, al 6 de noviembre los retiros seguían suspendidos y la administradora no puede garantizar que los clientes recuperen todo.
El BCP sostiene que el exceso se corrigió a tiempo: contó los diez días que da la ley desde la notificación. Es una lectura defendible, aunque la ley no dice cuándo empieza a contar ese plazo. La caída no se explica solo por los vinculados: según ABC Color, Ueno repartió en 20 años pérdidas de unos US$300 millones heredadas de Visión Banco.
Normativas dominicanas
Aquí es vinculado quien tenga 3% o más de las acciones de un banco; en Paraguay hace falta más del 10%. A un vinculado no se le puede prestar más del 10% del capital de los dueños, o 20% si hay garantía. Para otros clientes el límite es 15%, o 30% con garantía.
Somos más laxos en dos puntos. Los vinculados juntos pueden recibir hasta 50% del capital, frente al 20% paraguayo. Y un banco dominicano necesita 10 de capital propio por cada 100 que presta o invierte; uno paraguayo, 12.
Los US$123 millones habrían cabido en el límite conjunto. Grupo Hendy, con unos US$42 millones según el informe citado por ABC Color, quedaría cerca del límite de 10%, según mi estimación. El porcentaje, por sí solo, no habría frenado a Ueno.
Otras reglas sí habrían pesado. Vender préstamos por más de una quinta parte del capital pagado requiere autorización previa, y la venta a Vinanzas probablemente la habría necesitado. La ley supone relacionada a una empresa sin capital propio que recibe un crédito, como Hendy, que según el mismo informe tenía patrimonio negativo: cambiarle de dueño no la habría sacado de la lista.
Y un exceso sobre los límites obliga a presentar un plan de corrección, sin plazo previo para arreglarlo (Ley 183-02 Monetaria y Financiera, Artículos 60 y 61).
El cierre de un banco funcionó aquí en un caso reciente, mucho menor: al disolverse Bancamérica, en 2022, BanReservas recibió el 100% de los depósitos de los clientes no vinculados, unos RD$2,924 millones. Lo informó este medio.
Ajustes por reglamento
Tres vacíos caben en un reglamento. El de 2004 sobre vinculados no cuenta como préstamos los pagos adelantados ni otros saldos que las empresas del grupo deben al banco. El de supervisión consolidada no dice si vigila a una empresa que controla al banco sin ser banco. Y no encontré datos públicos sobre cuánto depende cada fondo de inversión del banco de del grupo al que pertenece.
Los bancos informan cada trimestre sus préstamos a vinculados a la Superintendencia de Bancos, pero el público solo ve el dato por banco en la nota anual de los estados auditados. Publicarlo cada trimestre, como total por banco, no requiere cambiar la ley. Exigir autorización para toda venta de préstamos a una empresa relacionada quizá obligue a modificar el monto que fija la ley. La ley dominicana tampoco exige esperar a quien llega al regulador desde un banco, como el presidente del BC paraguayo, que antes presidió Ueno.
La banca puede objetar que más reglas encarecen el cumplimiento y que publicar el dato provocaría corridas, es decir, retiros masivos. Estimo que publicar lo que el supervisor ya recibe cuesta poco; contar pagos adelantados o vigilar a quien controla al banco cuesta más. Pero en Paraguay ocultar el dato no evitó la corrida.
González difícilmente podía saber en abril lo que sabía el supervisor. Si la Superintendencia publicara ese dato cada trimestre, un ahorrista podría comparar cuánto presta su banco a sus vinculados.
