Francia suele presentarse como uno de los grandes referentes del Estado social europeo, con servicios públicos extensos y una red de protección difícil de igualar. Pero detrás de esa fortaleza aparece hoy una fragilidad menos visible: un Estado que gasta mucho, crece poco y acumula una deuda cada vez más pesada. Las protestas recientes muestran que el problema fiscal ya es también político y social.
La deuda pública francesa alcanzó alrededor de 119% de su producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre, mientras el gasto público supera la mitad de la economía (alrededor del 57% del PIB). El déficit fiscal sigue cerca de 5% y el costo de financiar al Estado ha aumentado, reduciendo el margen para responder a nuevas demandas sociales.
Una parte importante de la población depende de pensiones, empleos públicos o transferencias (subsidios y entregas directas de ayuda económica) que resultan políticamente difíciles de recortar. El resultado es un círculo incómodo, ya que el Estado necesita ajustar, pero la sociedad rechaza buena parte de los ajustes posibles.
Ese es el verdadero riesgo del sobreendeudamiento público. La deuda no se vuelve peligrosa únicamente cuando un país deja de pagar, sino mucho antes, cuando comienza a limitar las decisiones que puede tomar. Cada peso (euro, en su caso) destinado a intereses es uno que ya no puede dirigirse con la misma libertad a educación, infraestructura, seguridad o defensa.
También existe un problema de justicia entre generaciones. Cuando un Estado financia gasto corriente con deuda durante muchos años, parte de la factura se desplaza hacia contribuyentes que todavía no participan plenamente en las decisiones políticas. Si además los jóvenes enfrentan desempleo elevado, dificultades de vivienda y menor expectativa de movilidad, la promesa del Estado social empieza a parecer menos equilibrada.
Francia muestra cómo una estructura creada para proteger puede terminar generando tensiones cuando sus beneficios y sus costos se distribuyen de manera desigual.
Esto no significa que el gasto público sea malo ni que toda deuda sea irresponsable. Endeudarse para atravesar una crisis o financiar proyectos productivos puede ser razonable. El problema aparece cuando el déficit deja de ser excepcional y pasa a formar parte permanente del funcionamiento del Estado.
La política complica todavía más la corrección. Reducir beneficios genera resistencia inmediata, aumentar impuestos tiene límites económicos y electorales, y crecer más rápido no depende de una decisión administrativa.
República Dominicana está lejos de la situación francesa, pero eso no debería producir complacencia. Nuestra deuda pública continúa representando una parte importante de la economía y exige disciplina fiscal sostenida. El crecimiento ayuda, pero no sustituye la necesidad de vigilar déficits, intereses y compromisos futuros.
La lección francesa no es que el Estado deba retirarse ni que la protección social sea incompatible con el crecimiento. Es que ningún modelo puede gastar indefinidamente más de lo que su economía permite sin terminar reduciendo su propia capacidad de responder. El endeudamiento compra tiempo, pero no resuelve por sí solo los desequilibrios que lo hicieron necesario. Cuando ese tiempo se agota, las decisiones pendientes salen más costosas y políticamente mucho más difíciles.
