El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva con la que quiere empezar a desmantelar las políticas medioambientales y el legado contra el cambio climático de su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama.
Una pieza clave del decreto de Trump, firmado en la sede de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por su sigla en inglés) en Washington, es que elimina el requisito de que las agencias del Gobierno federal consideren el impacto para el cambio climático en su toma de decisiones.
La orden de Trump también pide revisar y reescribir las directrices del Plan de Energía Limpia de Obama, lanzado en 2015 con la meta de que Estados Unidos reduzca para 2030 en un 32% las emisiones de carbono de las centrales eléctricas con respecto a los niveles de 2005.
En un breve discurso antes de firmar la orden, Trump proclamó el inicio de una “nueva era” para la producción de energía en EE.UU. y la eliminación de la “intrusión” gubernamental en el sector.
Trump declaró, asimismo, que la “guerra al carbón” ha terminado, al prometer la cancelación de regulaciones del Gobierno federal que, a su juicio, están “matando empleos” y anticipar una “nueva revolución energética”, centrada en fomentar la producción nacional.
El Gobierno de Trump defiende que su objetivo con los cambios decretados hoy es asegurar la independencia energética del país y, fundamentalmente, crear empleos.
En la ceremonia celebrada en la sede de la EPA estuvieron acompañando a Trump el jefe de esa agencia y escéptico del cambio climático, Scott Pruitt, los secretarios de Energía, Rick Perry, e Interior, Ryan Zinke, y el vicepresidente, Mike Pence.
También estuvieron presentes representantes, trabajadores y mineros de la industria del carbón, una de las más afectadas por las “regulaciones devastadoras”, en palabras de Trump, impuestas bajo el mandato de Obama.
El decreto no menciona el Acuerdo de París sobre el cambio climático que establece en el marco de las Naciones Unidas medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y que entró en vigor a finales de 2016.
Durante la campaña electoral, Trump prometió sacar a EE.UU. del Acuerdo de París y llegó a decir que la amenaza del cambio climático era un “invento” de China.
Pero el Gobierno de Trump todavía no ha decidido si cumplirá los compromisos del Acuerdo de París y varios miembros del gabinete del magnate, entre ellos los secretarios de Defensa, James Mattis, y Estado, Rex Tillerson, han dado indicios de que están a favor de que EE.UU. continúe siendo parte del pacto climático.
Mientras, el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, se ha puesto a la cabeza de una coalición que se opone a la orden que pretende desmantelar el Plan de Energía Limpia de Barack Obama.
Esta alianza, formada por 23 estados, ciudades y condados del país, se ha creado para proteger a los ciudadanos de aquellas acciones del presidente “que ignoran tanto la ley como la importancia crítica de enfrentar la verdadera amenaza del cambio climático”, según informó en un comunicado la oficina del fiscal.
Y es que una pieza central del decreto de Trump elimina el requisito de que las agencias del Gobierno federal consideren el impacto para el cambio climático en su toma de decisiones.
“Enfrentar la fuente más grande de contaminación de carbono de nuestro país es esencial para mitigar el creciente daño del cambio climático a nuestra salud pública, al medioambiente y a las economías”, declaró el grupo en un comunicado.
La oficina del fiscal recordó que el Plan de Energía Limpia de Obama, que fue lanzado en 2015 con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas, es “la culminación de un esfuerzo de una década” para establecer límites en la cantidad de contaminación que pueden emitir las plantas de energía.
Forman parte de esta coalición los fiscales generales de Nueva York, California, Connecticut, Delaware, Hawai, Iowa, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, estado de Washington y el Distrito de Columbia.
El pasado mes de diciembre una amplia coalición de estados y localidades había pedido al entonces presidente electo que continuara el Plan de Energía Limpia del gobierno federal, una petición que ha quedado desoída.
