[dropcap]L[/dropcap]a convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por parte del Poder Ejecutivo con la finalidad de renovar la matrícula del Tribunal Superior Electoral (TSE) y sustituir algunos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), es una noticia de gran impacto. Es de suma importancia para los sectores productivos de la nación que la selección de estos magistrados se lleve a cabo con un criterio de independencia partidaria.
Conforme a la Constitución y la legislación vigente, al CNM le compete la renovación (o ratificación en sus cargos) de la matrícula completa del TSE, ya que el período por el cual fueron designados los miembros actuales concluyó el pasado 16 de agosto del año 2016.
Asimismo, en base a esta misma normativa, el CNM deberá sustituir a los jueces de la SCJ que hayan cumplido la edad límite de membrecía en esos órganos, que es de 75 años, y reemplazar cualquier juez que haya renunciado (tal como el magistrado Julio César Castaños Guzmán, quien renunció para presidir la Junta Central Electoral). Es importante notar que algunos miembros de la SCJ, tal como su Presidente, que no han cumplido los períodos por los cuales fueron designados no podrán ser reemplazados.
A pesar de que el CNM no fue convocado para conocer de la situación del Tribunal Constitucional (TC), no es menos cierto que a corto plazo el CNM tendría que ser convocado nuevamente para considerar la sustitución o ratificación de cuatro magistrados del TC (aquellos que fueron nombrados por un período de seis años en 2011). Por igual, en 2018, el CNM también deberá ponderar la ratificación o sustitución de los jueces de la SCJ, incluyendo a su Presidente, cuyo período de funciones de siete años habrá vencido.
Los cambios en las Altas Cortes del país tienen un efecto directo sobre el clima de negocios. En la medida en que empresarios, comerciantes e individuos compartan la percepción de que la justicia no es independiente de los partidos políticos o que la misma pueda ser comprada por sectores interesados, se disminuye la confianza en el sistema jurídico del país.
En la medida en que los sectores productivos no confíen en la justicia, se reduce la seguridad respecto a la suscripción de contratos y otros instrumentos de ejecución de actividades comerciales, y por ende, se ve disminuida la cantidad de negocios que se realizan en el país.
Por todo lo anterior, es de primordial importancia la identificación y designación de profesionales capacitados e independientes como miembros de las Altas Cortes.
