La moratoria que impedía que los acreedores reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico dejó de tener efecto a partir de este martes y abrió la puerta a un proceso de quiebra tutelado por la Justicia.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que evalúa las alternativas posibles, aunque la facultad de tomar una decisión sobre el asunto recae en la Junta de Supervisión Fiscal, entidad de control a las autoridades de San Juan establecida por normativa aprobada por el Congreso de EE.UU.
El Congreso estadounidense, al que queda sometido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Constitución, aprobó en junio la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para dar solución a una deuda de 70,000 millones de dólares.
Promesa establece una Junta de Supervisión Fiscal que controla todos los pasos que da el Ejecutivo de Rosselló, entidad cuyo presidente, José Carrión, señaló hace días que el proceso de quiebra tutelado por un tribunal es una opción, aunque apostó por agotar todas las posibilidades de un acuerdo entre el Gobierno y los acreedores.
El Ejecutivo y los acreedores llevan meses intentando ponerse de acuerdo al amparo del título VI de promesa que establece la negociación como vía para satisfacer a ambas partes, aunque la situación se complica al acabar la media noche de este lunes la moratoria que impedía la presentación de demandas por impago.
Los acreedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico solo dejaron pasar horas del final de la moratoria para presentar ante el Tribunal federal en San Juan las primeras demandas por impago.
Ambac Assurance Corporation, la aseguradora que cubre el pago de los bonos de Cofina, grupos e individuos tenedores de títulos que exigen el pago de la totalidad de lo acordado, demandaron al Gobierno y la Junta de Supervisión.
La legisladora demócrata en el Congreso de EE.UU. Nydia Velázquez pidió a la Junta de Supervisión Fiscal que haga uso del mecanismo de la quiebra judicial que provee la ley Promesa para permitir que el Gobierno pueda prestar los servicios básicos a la población.
El motivo de que el Congreso aprobara Promesa hace casi un año era el de permitir que el Gobierno de Puerto Rico atendiera el pago de la deuda, pero permitiendo a la vez atender las necesidades básicas de la población.
Velázquez señaló que es inconcebible que cuando ya ha comenzado la presentación de demandas ante los tribunales al vencer la moratoria la Junta de Supervisión Fiscal no haya recurrido el título III de Promesa ni Rosselló lo haya solicitado oficialmente.
“Puerto Rico ya no tiene un escudo frente a sus acreedores que corren al tribunal para reclamar sus activos. El gobernador y la Junta tienen el imperativo moral de actuar con rapidez”, dijo la legisladora de origen puertorriqueño.
Jesús Manuel Ortiz, legislador en la Cámara de Representantes local, pidió al gobernador Rosselló que solicite la utilización del título III de Promesa para iniciar de inmediato un proceso de quiebra que proteja los intereses de Puerto Rico.
La Junta de Supervisión tiene en sus manos recurrir al título III de Promesa que establece, mediante la declaración de una quiebra, un proceso para la reestructuración de la deuda.
La normativa establece que se recurra al título III solo cuando la negociación entre las partes se haya agotado sin éxito.
Ese capítulo matiza que aunque se presente una petición de quiebra bajo el título III se respetarán acuerdos previos alcanzados entre las partes.
El título III, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del deudor -el Gobierno- deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
