[dropcap]L[/dropcap]a noticia de que la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (ProCompetencia) admitió una denuncia por supuesta competencia desleal, incoada por una multinacional que opera en República Dominicana contra varios establecimientos locales, ha sido ampliamente comentada, y por igual es una denuncia controvertida.
El fundamento de la supuesta competencia desleal se debe a que la empresa denunciante alega que las empresas que habrían sido objeto de la denuncia comercializan productos sin contar con ciertos permisos requeridos por la legislación dominicana. En este caso, se trata de registros sanitarios, una autorización otorgada para la comercialización de productos alimenticios y farmacéuticos.
En una de nuestras entregas anteriores, habíamos comentado la crisis existente en la aprobación de registros sanitarios. Resaltábamos que aunque la Ley General de Salud establece que se debe dar respuesta a las solicitudes de aprobación de registros sanitarios dentro de los 60 a 90 días siguientes a su depósito ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), el retraso que arrastra esa dependencia en la aprobación de estos registros esenciales es mayor a un año.
En este sentido, es de amplio conocimiento que los comerciantes nacionales se ven en la necesidad de vender productos sin contar con el debido registro sanitario. De lo contrario, el mercado de alimentos sufriera un completo desabastecimiento de productos esenciales. Debido a que ha sido la falta de aprobación de parte de la misma administración pública (Mispas), las autoridades gubernamentales han aceptado de manera tácita la comercialización de productos que no cuentan con el debido registro sanitario.
En el caso de la denuncia admitida por ProCompetencia, nos parece ser un ejemplo del uso de la Ley de Competencia como un arma en materia comercial en contra de los competidores del denunciante. Resulta cuestionable que ProCompetencia admita una denuncia con evidente fines comerciales y contraria al interés nacional, por lo que la misma debe ser debidamente estudiada y contemplada por las autoridades.
Por igual, esta situación nuevamente resalta el hecho de que las empresas dominicanas no cuentan con mecanismos efectivos para requerir a las autoridades gubernamentales que cumplan con sus deberes y obligaciones bajo la ley. Igualmente resulta debatible que se le exija al comercio local el cumplimiento de una disposición que se encuentra sujeta a que la misma autoridad (el Mispas) cumpla con su deber conforme a la ley aplicable.
