[dropcap]L[/dropcap]a reciente adopción de las medidas de control presupuestario por parte del presidente Danilo Medina en febrero pasado, resalta un paso favorable hacia la mejora en el manejo de las finanzas públicas.
República Dominicana ocupa lugares consistentemente bajos en índices internacionales respecto a la eficiencia del gasto, reflejando debilidades en la gestión presupuestaria del Estado (Posición 111 de 138 – indicador de gasto público del Índice Global de Competitividad).
Por tanto, consideramos imperante mejorar la gestión de las finanzas públicas, específicamente por medio de la implementación de mecanismos de transparencia y de controles efectivos que contribuyan a legitimar los procesos gubernamentales.
Por un lado, la transparencia, asociada a la información pública que se genera de las políticas y actuaciones del gobierno, comunica y justifica sus acciones ante los ciudadanos, y por otro lado los mecanismos de control, instrumentos de supervisión y fiscalización de dichas actuaciones permiten detectar irregularidades y mejorar la gestión.
Cuando de ejecución presupuestaria del gasto público se refiere, la transparencia y los controles se tornan sumamente importantes para la defensa de los derechos de los contribuyentes, frente a quienes los gobernantes deberán justificar que el gasto se apegue a los planes de desarrollo nacional.
Control presupuestario
Decreto presidencial 15-17
Tal es el caso de la Certificación de apropiación presupuestaria y de Certificación de disponibilidad de cuota para comprometer de cara al gasto público, dictadas por el Decreto Presidencial15-17, aplicables a entes y órganos que conforman la administración pública central, desconcentrada, organismos autónomos y descentralizados, incluyendo entidades del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.
Según el Decreto, a partir del pasado 1 de mayo, ambos certificados serán emitidos por el Ministerio de Hacienda a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) a favor de los citados entes y órganos, como un requisito obligatorio para el inicio del proceso de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
• Certificado de apropiación presupuestaria: Utilizado para constatar la disponibilidad o existencia de balance suficiente en la cuenta presupuestaria para iniciar el proceso de compras y contrataciones.
• Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer: Utilizado para constatar el monto, modalidad y programación del pago por parte de la Administración Pública
Inclusiones al control
Entendemos que las medidas de control establecidas en el Decreto 15-17, de aplicarse a las empresas públicas no financieras (Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales), así como al gobierno local (Alcaldías), pudieran representar un avance para la reorganización de sus procesos de compras y contrataciones.
Por su parte, en las alcaldías, se han evidenciado diversos casos que han tomado presencia en los medios de comunicación en los últimos años sobre acumulación de deudas con contratistas y suplidores, por comprometer fondos que exceden a lo asignado en el presupuesto; no obstante, las mismas se encontran sujetas al cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, por el manejo de fondos públicos, así como al poder de fiscalización del Estado según dispone la constitución.
Respecto a la CDEEE, entidad sujeta también a la Ley 340-06, como efecto de las dificultades que atraviesa el sector eléctrico, en 2015 y 2016 recibió por parte del Gobierno central transferencias de capital superior a lo presupuestado sin que se contara con un detalle sobre la ejecución de los fondos concedidos inicialmente por presupuesto.
Sin lugar a dudas, las medidas de control presupuestario dictadas por decreto pueden ser altamente beneficiosas para evitar gastos que excedan lo presupuestado dentro del periodo fiscal establecido, evitando de esta forma mayores déficits en sectores productivos de alto impacto y entidades que poseen una responsabilidad directa con el bienestar social y económico de los munícipes.
Caminemos hacia la transparencia
Reflexiones y conclusiones
Para el uso eficaz y eficiente del gasto, deberán adicionarse medidas complementarias a las de control. Se requiere de una conjugación de medidas puntuales y leyes específicas que coincidan sobre los niveles de transparencia esperados, a fin de limitar la fuga de fondos públicos hacia destinos para los cuales no fueron concebidos.
Por tanto, se torna sumamente necesaria la aprobación de una Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal que ayude a transparentar el proceso de presupuesto, mejore la calidad del gasto público y controle el nivel de endeudamiento, incorporando medidas como:
1. El establecimiento de topes presupuestarios para el Sector Público No Financiero y Financiero.
2. La creación de requisitos y condiciones al endeudamiento público.
3. La creación de un régimen de infracciones, sanciones y responsabilidades.
Es también necesaria la implementación de una Ley de Fiscalización y Control que regule los procedimientos y mecanismos de fiscalización y control político del Congreso Nacional, valore la administración gubernamental por la acción u omisión de sus funciones y las consecuencias de esas acciones, incorpore mecanismos de interpelación y cree una comisión permanente en cada cámara con un rol de fiscalizador.
Estas y otras medidas podrán ser la antesala para el esperado y aún no convocado Pacto Fiscal que ordena la Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
