[dropcap]V[/dropcap]arios son los sectores de la economía que se benefician de las exenciones fiscales que otorga el Estado dominicano, con el objetivo de incentivarlos y que éstos contribuyan, entre otros aspectos, a la generación de empleos en el país.
Uno de esos sectores, que mantiene desde 2008 tres tipos exenciones fiscales, es la agropecuaria: la del anticipo del impuesto sobre la renta, la de impuestos sobre los activos y la de retención del impuesto sobre la renta sobre los pagos realizados por el Estado.
Desde su año de implementación, solo en 2011 la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) negó las exenciones fiscales a la agropecuaria, las cuales se otorgaron con el objetivo de contribuir a la recuperación del sector, tras ser afectado en 2007 por las tormentas Noel y Olga, cuyos daños se estiman en más de RD$14,500 millones.
“Considerando: que el paso de las tormentas Noel y Olga han provocado pérdidas extraordinarias a los contribuyentes, cuyas instalaciones productivas están ubicadas en zonas afectadas por estos fenómenos atmosféricos”, expresa la primera Norma General 01-2008.
Además, se justificó la medida por la carestía de insumos agropecuarios y la ocurrencia de eventos en el mercado que afectaron la producción o comercialización de algunos productos.
La Norma general 02-2009 tuvo una nueva justificación para continuar con las tres exenciones a la agropecuaria: la crisis económica internacional de 2008, “que afectó de manera sensible al sector en República Dominicana”.
Pero desde 2010 el principal considerando de las normas que mantienen las exenciones es “el interés de mantener su contribución con el mejoramiento de las condiciones en el sector agropecuario, sin que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias altere sus decisiones económicas”.
Pocos resultados
Sin embargo, el sacrificio fiscal que asume el Estado desde 2008 para mejorar el desarrollo de la agropecuaria no rinde frutos. En el caso de los empleos del sector, la generación de éstos se ha mantenido inestable.
Igual situación ha ocurrido con sus aportes al crecimiento del producto interno bruto (PIB), al pasar de 6.1% en 2008 a 5.6% el año pasado, según reflejan las cifras del Banco Central.
Los sacrificios fiscales que hace el Estado se clasifican como gasto tributario, definidos como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a ciertos sectores o contribuyentes.
“El gasto tributario se hace efectivo a través de exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos”, agrega un apartado del Presupuesto General del Estado para 2017.
Aunque en los presupuestos que ha elaborado el Estado desde 2008 están contenidas las estimaciones exoneradas a sectores como turismo, zonas francas, generación eléctrica, entre otros, el monto que se exime de pagar a la agropecuaria no figura.
Más beneficiados
“Al organizar los gastos tributarios por sector beneficiado, las exenciones generalizadas para las personas físicas, a las empresas de zona franca, la generación eléctrica y al sector salud representan el 67% del total de los gastos tributarios sectoriales”, resalta el presupuesto para este año.
A los citados sectores le siguen las exenciones a educación (4.9%), turismo (3.0%), minería (2.8%), concesiones y contratos con el sector público (2.6%), importadores de vehículos (2.1%), instituciones privadas sin fines de lucro (1.6%), compras por internet (1.5%) (0.9%) y el sector industrial (0.9%).
Mientras que el restante 10.0% de los gastos tributarios se otorgan a los sectores de energía renovable, cinematográfico, desarrollo fronterizo, manufactura textil y calzados, instituciones religiosas, juegos de azar, entre otros.
Exenciones
El principal gasto tributario en el presupuesto de 2017 lo representa el generado por el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, equivalente a 3.0% del producto interno bruto (PIB) (RD$108,944.3 millones).
Le siguen los gastos tributarios de los impuestos sobre el patrimonio con 0.8% del PIB (RD$30,633.5 millones), ISC hidrocarburos con 0.8% del PIB (RD$29,270.7 millones), el arancel a la importación (RD$24,987.4 millones) y el ISR (RD$25,522.7 millones), ambos significan el 0.7% del PIB, y la estimación de otros ISC e impuestos sobre el uso de bienes y licencias que representan el restante 0.3% del PIB.
Los gastos tributarios estimados para el año 2017 ascienden a RD$231,125.6 millones, equivalente a 6.4% del producto interno bruto.
