[dropcap]D[/dropcap]e ordinario, cuando pensamos en la noción de mercado lo visualizamos desde una óptica meramente económica, y desde ahí se nos revela como el espacio donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores con normas claras sobre competencia entre los participantes a partir del mecanismo de oferta y demanda.
Resulta sorprendente cómo el desarrollo de las actividades que caracterizan el mercado encuentra en nuestro texto constitucional un encuadramiento que permite un desarrollo armonizado de las mismas.
Una muestra de lo anterior se expone con la consagración con rango constitucional del derecho de propiedad para permitir el goce y disfrute de la misma, en la inteligencia de que al momento de atribuir la propiedad en favor de los particulares, con esto se promueve una mejor gestión de los recursos, impactando positivamente en la actividad económica.
Al lado de la anterior consagración destacamos otra manifestación de la relevancia constitucional de la noción del mercado, y es la que tiene que ver con la “la libertad de empresa”. Respetando la propiedad privada, el Estado incentiva y garantiza que los particulares, en el desarrollo de sus talentos, se dediquen a la actividad comercial o empresarial de su preferencia.
Más aun siendo el mercado el espacio en donde se va a demandar mano de obra necesaria para la producción de bienes y servicios, nuestro texto constitucional ha consagrado como un derecho fundamental “el derecho al trabajo”, el cual lleva implícito un deber y una función social que se ejerce con la protección del Estado.
El despliegue de estas declaraciones previstas en nuestro texto constitucional, son una evidencia de cómo el mercado se torna en el ámbito ideal para el desarrollo de estos derechos fundamentales.
Sin embargo, para lograr un funcionamiento armonioso del mercado nuestro texto constitucional no se ha limitado con consagración y protección de estos derechos individuales vitales por demás para la consolidación del mercado, sino que también, consciente de la necesidad de promover una intervención estatal que regule en unos casos y limite en otros las libertades y garantías del mercado cuando el interés general pudiera estar en juego, a fin de que su desarrollo se lleve a efecto con los frenos y contrapesos necesarios para estabilidad del conglomerado social, y de esta manera hacer efectivo el contenido de la cláusula del Estado Social, Democrático y de Derecho.
