[dropcap]L[/dropcap]os que han estudiado la situación de la industria eléctrica dominicana estarán contestes con que este sector es complejo, se ha expandido bajo un esquema perverso, tanto en el plano de la inversión como el de la gestión, en tanto nunca ha existido un plan integral, sistémico y de largo alcance para la solución del problema de suministro eléctrico.
Considerado siempre como un sector estratégico, dado su carácter vinculante con la producción nacional y el bienestar de la población, se decía que no podía ni puede estar en manos privadas, por lo que el Estado ha asumido históricamente las inversiones en las áreas en donde se registran mayores pérdidas –técnicas y financieras-: la transmisión, distribución y comercialización.
En este esquema, el sector privado, bajo la lógica de garantizar utilidades, ha apuntado siempre a invertir en la generación, área en donde el Estado, por escasez recurrente de fondos, en algunos casos, y por la ausencia de una real política energética, en otros, se declaró, casi siempre, incompetente.
Obviamente, una demanda permanente de los agentes económicos por la solución del flagelo, condujo a diferentes gobiernos a tener que negociar con inversores privados la compra de energía a sobreprecio y, en muchos casos, en condiciones onerosas para el país.
Bajo este escenario, y después de décadas buscando soluciones parciales a un problema complejo, la construcción de las plantas de Punta Catalina abre la posibilidad de empezar a escribir una nueva historia. Es claro, sin embargo, que toda historia que se quiera contar sobre este sector reflejará las ventajas y desventajas sobre esta decisión gubernamental.
Así, los detractores de esta iniciativa insistirán en que hubo sobreprecio en la contratación de la obra, que detrás de la sobrevaloración existió soborno; que ya este tipo de plantas de energía está en desuso; que las negociaciones de los terrenos en donde se construyeron las plantas no estuvo del todo clara; y todo ello a pesar del Informe presentado por la Comisión de Notables nombrada por el Presidente de la República alrededor de este tema.
De su lado, los que creen en el proyecto de Punta Catalina se referirán, cuando se cuente de nuevo la historia, a la cantidad de empleos generados, al hecho de que desaparezcan los apagones, a la disminución en la tarifa eléctrica y estabilidad del sistema, y al mejoramiento en la calidad de vida de la población. En mi caso, prefiero darle un voto de confianza al Gobierno y quedarme con la última parte de esta historia.
