[dropcap]L[/dropcap]a semana pasada comentábamos algunos aspectos de cara al “Pacto Fiscal”, es decir, la reforma tributaria que continúa siendo una prioridad del Gobierno. Señalamos que era justo y necesario aumentar la presión fiscal, pues la misma se situaba en un nivel bajo respecto a otros países como República Dominicana, un punto que también fue repetido por el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, hace algunos días.
La otra cara de la moneda en esta discusión es la calidad y transparencia del gasto del Estado dominicano. Nuestro país está situado en el lugar 115 de 175 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y la misma entidad nos otorga una puntuación de 14 de 100 en materia de transparencia en el gasto administrativo, indicando que se publica “poca o ninguna información” sobre la ejecución presupuestaria dominicana.
Esta pésima calificación se debe a que en la actualidad no se están aplicando las disposiciones de la Ley de Tesorería Nacional (No. 567-07 ) ni de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (No. 423-06). Por ejemplo, no se ha implementado la cuenta única de la Tesorería Nacional, el uso de la cual facilitaría la fiscalización de la ejecución presupuestaria.
Por igual, es muy preocupante que el endeudamiento ya no se proyecte como algo extraordinario o para financiar a largo plazo un proyecto esencial para la nación, sino que ahora pareciera ser la práctica usual del Estado. Financiar el gasto común con endeudamiento a largo plazo es un serio error, pues se está asumiendo un endeudamiento que deberá ser pagado en el futuro para realizar gastos que tendrán poco retorno económico.
Si bien es cierto que un aumento de los ingresos percibidos por el Estado ayudará a estabilizar el déficit presupuestario, también es cierto que el Pacto Fiscal debe incluir un compromiso de parte del Estado de limitar la ejecución presupuestaria a los ingresos –que serían mayores que los actuales– que estaría percibiendo.
Una propuesta sería establecer mediante ley la obligación de igualar el monto del gasto público presupuestado con el monto de los ingresos previstos, lo que constituye una forma sencilla y efectiva de limitar el gasto excesivo y el endeudamiento crónico.
A raíz de todo lo anterior, al momento de discutir el Pacto Fiscal, cuya finalidad primordial será aumentar los ingresos del Estado, es necesario también abordar los temas de mejoría en la transparencia en la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto público (por ejemplo, una reducción de la abultada nómina pública), y establecer obligaciones en este sentido como parte del mismo pacto.
